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• Eguzki, ante la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial

  2016-06-24
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  Fotografía: Mikel Arrazola (Irekia/Eusko Jaurlaritza)

  En los años 80, los miembros del movimiento ecologista (o del movimiento vecinal) recurríamos con frecuencia a conceptos como ordenación territorial (o evaluación de impacto ambiental) poco menos que como si se tratasen del bálsamo de Fierabrás, aquella pócima capaz de curar todos los males. No es que fuésemos especialmente ingenuos, sino que lo hacíamos desde la lógica de que una ordenación territorial «decente», por utilizar un adjetivo que vuelve a estar de moda, haría que muchos de los proyectos faraónicos e insostenibles a los que nos enfrentábamos cayesen por su propio peso. (Releo la última frase y concluyo que, después de todo, quizá sí, quizá sí que pecábamos de ingenuidad.)

  En 1990, el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Ordenación del Territorio y, en 1997, tras recorrer un tortuoso camino, vio la luz su principal instrumento: las Directrices de Ordenación Territorial. Desde entonces, los miembros de Eguzki nos hemos topado frecuentemente con ellas y sus derivados, quizá particularmente con los Planes Territoriales Parciales, y hemos de decir que la experiencia no ha sido para nada satisfactoria.

  En realidad, esa experiencia nos ha dejado la sensación de que la ordenación territorial se ha venido y se viene realizando de facto a través de proyectos decididos en instancias situadas al margen de cualquier criterio territorial, menos aún de un criterio territorial que podamos considerar sostenible, razonable o equilibrado. La experiencia nos ha dejado la sensación de que las DOT, junto a los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales, han venido a cumplimentar formalmente los requisitos de la Ley de Ordenación del Territorio, pero ordenar, lo que se dice ordenar, han ordenado poco, y más bien se han limitado o se limitan a proporcionar un barniz de ordenación a proyectos que, como decimos, se deciden en función de intereses que pasan por encima de los criterios territoriales.

  

  El caso del valle del Urumea

  ¿Exageramos? Fijémonos en el caso del valle del Urumea, a nuestro juicio un ejemplo palmario de lo que no debe ser una ordenación del territorio, de una ordenación del territorio que se produce de facto o, si se prefiere, de una no ordenación del territorio, que también es una forma de ordenarlo, claro.

  De manera más explícita que implícita, lo reconocen los redactores del propio Plan Territorial Parcial de Donostialdea, recientemente aprobado, cuando afirman que «(en este valle) las planificaciones sectoriales se han impuesto hasta ahora con excesiva rotundidad y unilateralidad a la oportunidad de planificar con una estrategia de ordenación territorial más integrada y compleja».

  Con esta formulación, se refieren tanto a proyectos que se han ejecutado en los últimos años como a otros previstos. Citan la Autovía del Urumea, el Segundo Cinturón y el TAV, pero también numerosos proyectos residenciales o industriales incluidos en distintos planes sectoriales o municipales. Y dan por buenos todos y cada uno de ellos, sin cuestionar uno solo, a pesar de que reconocen que existen «tareas todavía no resueltas» (y tan básicas desde el punto de vista de la OT, añadimos nosotros) como «fijar el defintivo tratamiento hidráulico y paisajístico del río Urumea y sus vegas inundables».

  En este contexto, el equipo redactor del PTP «echa a faltar un trabajo unificado de ordenación completa e integrada» y propone un Plan Especial de Ordenación Integrada del Corredor del Urumea. La necesidad de este Plan es obvia, pero, a estas alturas del partido, sobre todo cuando no se cuestiona ni uno solo de los proyectos previstos, ¿exageramos cuando decimos que el PTP no hace sino proporcionar un barniz de ordenación formal a un espacio «ordenado» de facto?

  

  Fotografía: Mikel Arrzola (Irekia/Eusko Jaurlaritza)

  Un inevitable escepticismo

  Lo que está ocurriendo en el valle del Urumea es un ejemplo, palmario, pero solo un ejemplo, de una dinámica que afecta al conjunto del territorio. Por ejemplo, ¿en qué marco de debate «territorial» se ha tomado la decisión de construir la Supersur, una incineradora en Gipuzkoa o un metro en Donostia?

  Ahora, casi veinte años después, toca revisar las DOT y, con tal motivo, el Gobierno Vasco hace un gran despliegue para suscitar la participación pública, porque, dice, en ese documento se dibuja el futuro del país. Lo que pasa es que emite mensajes contradictorios. No es solo que advierta que «revisar no es volver a empezar» y que, básicamente, hay que aceptar lo que ya está hecho (o sea, tragar con todo, empezando, suponemos, por el TAV, que por sí solo hace más «ordenación territorial» que todos los grandes proyectos juntos), sino que, en vísperas de la revisión, aprueba una modificación de la cuantificación residencial, que precisamente es una de las cuestiones básicas sobre las que debería pivotar el debate. Por lo visto, debate sí, pero también con la cuantificación residencial bien atada, por si acaso. Por no hablar de actuaciones tan poco transparentes como la que le ha llevado a conceder autorización para la incineradora de Gipuzkoa. ¿Que mezclamos churras con merinas? Pretender ser el adalid de la participación pública se compadece mal con tomar decisiones como esa a cencerros tapados

  Así las cosas, no hace falta ser extremadamente suspicaz para pensar que el Gobierno Vasco, más que suscitar un auténtico debate, lo que busca es legitimación, mientras los proyectos se siguen decidiendo en instancias ajenas a cualquier criterio territorial que pueda considerarse sostenible.

  ¿Quiere decir esto que nosotros no vamos a participar en el debate formal que se ha iniciado en torno a la revisión de las DOT? En absoluto, participaremos en la medida de nuestras siempre modestas posibilidades, y este mismo escrito es prueba de nuestra voluntad. Lo que quiere decir es que lo haremos desde lo que, creemos, es un inevitable escepticismo, conscientes de que las decisiones se toman básicamente en otras instancias. Cambiar a quienes toman esas decisiones, al menos a quienes lo hacen en las instancias públicas, es una condición necesaria para llegar a contar algún día con una ordenación territorial “decente”, pero, como sabemos, por sí misma, tampoco es una condición suficiente.

  
  

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