El Tribunal Supremo ha anulado definitivamente el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020 (PIGRN), en sentencia fallada el 16 de enero de 2015 y publicada el pasado viernes. Esta sentencia corresponde a una demanda por parte del Gobierno de Navarra, tras otra sentencia anterior favorable a las demandas conjuntas de la Fundación Sustrai Erakuntza y de la Mancomunidad de Sakana.
El Supremo desestima el recurso interpuesto por el Gobierno de Navarra, y estima por tanto los argumentos de Sustrai Erakuntza y la Mancomunidad de Sakana. Y lo hace alegando que el supuesto “Plan Integral de Gestión de Residuos de Navarra” es cualquier cosa menos un plan. Y ello porque (dice textualmente) “no cumple los requisitos que tiene que tener cualquier plan de gestión de residuos, puesto que no tiene contenido material”, sino “una mera declaración de intenciones”. Resulta que en el Plan no se había definido concretamente el lugar donde se debía instalar lo que constituía, prácticamente, el único instrumento de gestión de residuos que planteaba, la incineradora.
Pero esta falta de planificación del Gobierno de Navarra no es algo puntual, circunscrito a un mero documento. Es algo estructural, que afecta a toda la gestión de los residuos de los últimos años, así como a muchos otros grandes proyectos. Pero veamos primero la nula planificación sobre basuras que ha realizado el Gobierno en los últimos años.
Hay que recordar que, tras muchos años sin una planificación real, fue a finales de la pasada legislatura (a finales de 2010) cuando el Gobierno de Navarra aprobaba deprisa y corriendo el PIGRN. Un Plan que pretendía organizar la gestión de residuos durante todo el actual decenio. Y era un Plan que nació viciado porque el 90% de su presupuesto se destinaba a la construcción de una incineradora de residuos. Este motivo, principalmente, fue el que llevó a Sustrai Erakuntza y a la Mancomunidad de Sakana a recurrir su aprobación.
Poco después de entrar en vigor el Plan se produce el primer cambio en la planificación. En la primavera de 2012, el entonces secretario general del PSN y consejero de Administraciones Públicas, Roberto Jiménez, decidió paralizar la construcción de la incineradora prevista en el PIGRN. Ello sin el menoscabo de que, poco después, abriera las puertas al proyecto de incineración de residuos en la planta que Cementos Portland tiene en Olazti/Olazagutia.
Ya solamente este importante cambio en la panificación de la gestión de basuras debería haber requerido una anulación del PIGRN y la apertura del proceso de debate de un nuevo Plan. Y sin embargo, la única acción que realiza el Gobierno en ese periodo (en 2013) es interponer un recurso ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anulaba el PIGRN. O lo que es lo mismo, viene a decir que mantiene la planificación establecida, cuando ello ya es mentira, visto que ha cambiado sus propósitos, ha anulado la construcción de la incineradora y apuesta por incinerar basuras en Portland. Todo un despropósito.
Pero ahí no queda todo. Este pasado año 2014, tanto el PSN como UPN volvían a la carga con sus propuestas inconcretas para la gestión de los residuos. Así, el dirigente del PSN Samuel Caro volvió a rechazar la construcción de una nueva incineradora y anunció que estaba a favor de una desconocida nueva tecnología basada en “agua, presión y calor”. Y poco después UPN se unía a una supuesta propuesta “anti-incineradora”.
Y finalmente, en noviembre el Gobierno de Navarra decidía de repente realizar una revisión del PIGRN, para lo cual abrió una página web… Y eso es todo. La ciudadanía en 20 días tenía que estudiar el contenido de la web y presentar a través de la misma sus propuestas. Nada mas. Ahora, cerrado ya ese “proceso participativo”, el Gobierno baraja ya un nuevo borrador que supondría una supuesta revisión del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra.
Si alguien se pregunta el porqué de estos precipitados movimientos en relación al Plan… mucho nos tememos que la respuesta es la sentencia que acabamos de conocer. Una sentencia que demuestra una vez más que han actuado con absoluta negligencia también en este tema.
Y decimos “también” porque no es la única actuación negligente que Sustrai Erakuntza ha denunciado en los últimos años. Como es bien conocido, el actual Gobierno de Navarra está acumulando diversas actuaciones que incumplen la legalidad vigente. Veamos algunos ejemplos:
1. Ejecución de las obras del Tren de Alta Velocidad sin Declaración de Impacto Ambiental (DIA): El proyecto TAV-TAP en Navarra fue aprobado en el año 2004, pero su ejecución no se inició hasta 2011. Para esa fecha, su DIA se encontraba caducada, puesto que ya habían pasado los cinco años de vigencia que le otorga la normativa, y en ningún momento había sido actualizada. De esta forma, en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenciaba la caducidad y nulidad de su DIA. Y desde ese momento el Gobierno de Navarra ha continuado con las ilegales obras, a pesar de todos los requerimientos que hemos efectuado para que las paralizara, actuaciones judiciales incluidas.
2. Negación del acceso a la información y a la participación pública: También en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó una sentencia que declaraba de forma manifiesta “la inactividad de la Administración” en la solicitud de información medioambiental sobre el proyecto del TAV-TAP que había realizado Sustrai Erakuntza. El Tribunal puso de manifiesto que el Gobierno de Navarra había incumplido la legislación al no permitir acceder a la información solicitada, impidiendo así el derecho a la participación pública que tiene la ciudadanía. Ante esta sentencia el Gobierno de Navarra se ha visto obligado a presentar diversa documentación ante nuestro requerimiento, información que actualmente estamos analizando.
3. Mantener las centrales térmicas de Castejón en la más absoluta ilegalidad: Diversos tribunales han dictado varias sentencias anulando tanto el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal realizado por el Gobierno de Navarra como la Autorización Ambiental Integrada de una de las centrales de Castejón. En todos los casos, la Administración, en clara connivencia con la empresa Hidrocantábrico, se ha dedicado a malgastar y derrochar el dinero público, y a interponer recursos a beneficio de la empresa privada. Su única intención era ganar tiempo, cambiar las leyes que habían incumplido y que dejaban la central térmica en una situación ilegal, y acto seguido volver a aprobar los actos administrativos anulados por los tribunales de justicia, con los mismos contenidos que tenían antes del juicio.
Vistos todos estos ejemplos se puede afirmar una vez más que la situación es totalmente surrealista. La fundación Sustrai Erakuntza trata de exigir que se cumpla la legislación vigente en materia medioambiental y de derechos humanos, y mientras el Gobierno de Navarra incumple tanto la legislación como las sentencias judiciales y las buenas practicas de gobierno.
Ante estos hechos ya no nos quedan palabras para realizar más peticiones al actual Gobierno. Como ya hemos manifestado en múltiples ocasiones, creemos necesario un cambio radical en las maneras de gestionar el Gobierno de Navarra. Un cambio que ha de pasar por que el Gobierno deje de especular y fomentar negocios privados en detrimento del interés general. Que deje de impulsar proyectos insostenibles e ilegales como todos los citados. Y que empiece a gobernar por y para el pueblo.
Y en el caso de la sentencia del PIGRN que ahora conocemos, vemos que ya no es posible realizar la revisión de un Plan que ha quedado completamente anulado, como el Gobierno pretende. Por lo tanto, creemos necesario que inicie un nuevo proceso de participación ciudadana que acabe en la aprobación de un nuevo Plan de Residuos. Una vez más le pedimos que cumpla la ley.
Finalmente, Sustrai Erakuntza quiere agradecer sinceramente el apoyo desinteresado de todos y todas las navarras que la apoyan, y están haciendo un esfuerzo personal por conseguir otro modelo de sociedad.