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• Alterar de manera ilegal el medio natural tiene premio en Hondarribia e Irun

  2023-02-14
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  Se han cumplido 6 años (2017) desde que se iniciaron los movimientos de tierra y posterior acopio de “materiales de distinta y desconocida procedencia”, en una zona del ámbito conocido como Zaldunborda que ocupa terrenos de los municipios de Hondarribia e Irún, sin la preceptiva licencia. ¡¡Estas actuaciones ilegales se realizaban con el objetivo de preparar el terreno para aparcamiento de camiones, modus operandi utilizado para invertir el procedimiento y adaptar el planeamiento a unos hechos consumados, !!con todo el morro!!

  Las obras ya muy avanzadas se paralizaron en marzo de 2017 en aplicación de la normativa vigente con la advertencia de que de no legalizarlas, en aplicación de esa norma, los terrenos deberían volver a su estado natural. La solicitud de legalización, como no podía ser de otra manera, es denegada estableciendo el Ayuntamiento que quedaba expresamente prohibida la parcelación y la transformación urbanística o cambio de uso. La promotora insiste y ese mismo mes traslada una consulta para utilizar de manera provisional los terrenos como aparcamiento de camiones a lo que el Ayuntamiento respondió negativamente dado que es preceptivo tramitar un Plan de Compatibilización. Coincidiendo en el tiempo, un grupo ecologista solicitaba, en aplicación más rigurosa de la normativa vigente, la paralización de las obras, el inicio del correspondiente expediente sancionador y la restitución de los terrenos.

  La dejación de las funciones que les compete a las diferentes Administraciones han mantenido este expediente olvidado en un cajón desde agosto de 2017, cuando la técnica municipal en su informe concluyera que las obras realizadas eran ilegales, que el relleno puede considerarse una actividad potencialmente contaminante y que se debe comunicar al GV como órgano competente de la existencia de este posible relleno ilegal.

  A pesar de que la normativa es clara al respecto y que no se puede alegar desconocimiento puesto que el grupo ecologista les recuerda sus funciones y obligaciones, las administraciones han ignorado sus obligaciones entre ellas la de restauración a su estado natural de ese espacio previo al análisis y caracterización de los residuos depositados y sus posibles repercusiones en la calidad del suelo por la presencia continuada de materiales contaminantes además de las acciones sancionadoras previstas en la normativa de aplicación.

  El asunto se ha retomado en diciembre de 2021 cuando el Ayuntamiento de Hondarribia traslada a la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del GV una consulta sobre la oportunidad de requerir el inicio de la Declaración de Calidad del suelo de esos terrenos. Un año después, diciembre de 2022, los técnicos de IHOBE cursan visita a los terrenos y se reafirman en todo lo manifestado anteriormente sobre la ilegalidad de las obras y sobre el origen desconocido de material depositado. Como consecuencia, hace los siguientes requerimientos:

  • Plazo de 3 meses para que presente un informe de caracterización del material depositado.
  • Retirada y gestión de todos los materiales ubicados en el emplazamiento.
  • Plan de excavación.

  Si bien los Ayuntamientos ignoran sus obligaciones para proceder a la restauración, se apresuran para aprobar con fecha octubre de 2022 un convenio que promueve el desarrollo del Plan de Compatibilización para albergar los usos pretendidos por las obras ilegales iniciadas en 2017.

  Desde el punto de vista medioambiental el balance de este asunto no puede ser más desolador. Se realizan obras ilegales que alteran el medio natural y la administración no solo mira a otro lado si no que premia esa actitud prestándose a modificar la calificación de los terrenos para los fines que perseguían las obras ilegales. La falta de voluntad política para aplicar con rigor la normativa vigente para la protección del medio ambiente provoca, por lo menos en este caso, que las acciones ilegales tengan premio.

  
  

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