Desde Eguzki y en la última etapa en colaboración con los agentes sociales de Pasai Donibane, llevamos años denunciando la situación que en relación con la calidad del agua se está padeciendo en esta localidad. Se vierte a la bahía (zona declarada sensible) de manera directa afectando negativamente a la calidad del agua de la bahía y a la salud de sus vecinos.
Si bien esta infraestructura calificada por todos de necesaria estaba prevista realizarla dentro del acuerdo para las infraestructuras de saneamiento de Gipuzkoa en el periodo 2007-2011, a día de hoy se sigue vulnerando e incumpliendo las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales artículos 4 y 5 de la Directiva 91/271/CEE.
La última iniciativa que llevamos conjuntamente fue la presentación de una moción que fue abordada en noviembre de 2017, para que el Ayuntamiento de Pasaia “presionase” ante las administraciones competentes para que se priorizase la ejecución del saneamiento. No fue posible. Una vez más, aquellos que dicen que se preocupan por la salud y el bienestar de los vecinos, encontraron la excusa para no aprobar lo que la mayoría de los vecinos solicitaba y que procuraba el cumplimiento de la normativa años vigente, y se concedieron un nuevo plazo para conseguir la ejecución de la red de saneamiento.
Hemos podido comprobar, que una vez más los responsables políticos de turno reinciden en sus incumplimientos, ¿será la última? No hay nada de nada de los acuerdos que, desestimando la propuesta vecinal, adoptaron. ¿Cuántas veces más, están dispuestos a engañar a la población con acuerdos incumplidos? ¿Hasta cuándo van a mantener esta situación?
Sería lamentable y un derroche de recursos públicos, que la ejecución del saneamiento viniera precedida de una millonaria multa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), aunque va camino de ello. A este respecto, recordar que la Comisión Europea llevo una denuncia en 2010 ante el TUE y que este, le ha condenado en julio de 2018 por incumplir la normativa europea sobre el tratamiento de aguas residuales a pagar 12 millones de euros además de otros 11 millones de euros por cada semestre que persista el incumplimiento y hasta que se ejecute totalmente la sentencia de 2011.
Sería injusto, en el caso de que la sanción se materialice, que los vecinos tuviésemos que pagar una multa por algo que los representantes políticos no han sido incapaces de gestionar a pesar de que se les haya solicitado de manera insistente.
