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• La planta incineradora era el verdadero “cataclismo” económico y medioambiental

  2015-01-09
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  Denis Itsaso (PSE) eta Carlos Ormazabal (EAJ) errauste plantaren inguruko prentsaurrekoan, 2010eko uztailean

  Iturria: Zero Zabor.

  En la anterior legislatura se propusieron construir la planta incineradora, a pesar de no contar con el respaldo de los habitantes de Gipuzkoa. Para ello, los anteriores gestores de GHK, Carlos Ormazabal y Denis Itsaso, no dudaron en encomendarse a los intereses de la banca y las empresas del sector. Lo quisieron dejar todo bien atado, a pesar de saber que el proyecto estaba sobredimensionado y que ello iba a suponer un verdadero cataclismo económico para Gipuzkoa. Las alternativas que se les ofrecieron fueron dos: importar basura de otros lugares o incrementar la tarifa de la basura que pagamos todos los ciudadanos “todo lo necesario” durante los próximos 20 años.

  En su comparecencia de ayer ante la “Comisión de Estudio sobre la evolución financiera y las soluciones técnicas del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa” de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Denis Itsaso reconoció que la planta incineradora estaba sobredimensionada, y ante esto, ¿que había que hacer?, ¿seguir adelante con el “cataclismo” económico y medioambiental o adaptar el proyecto a las necesidades actuales?

  Sin embargo, el proyecto no se puede modificar más de un 10% sin incumplir la ley y a pesar de conocer este extremo, Denis Itsaso se ha valido de la mancomunidad de San Marcos para emprender acciones legales contra GHK, precisamente por paralizar una infraestructura que estaba mal diseñada.

  Ahora pretende descargar la responsabilidad sobre otros, pero hay que recordar que era él el vicepresidente de esta sociedad cuando se firmaron los acuerdos con la banca. Por lo tanto, Denis Itsaso tiene una responsabilidad directa en la contratación de los productos de cobertura de intereses o SWAP, productos especulativos con vida propia que siguen vigentes a pesar de no estar utilizándose los créditos solicitados.

  La construcción de la incineradora, con un gasto de 500 millones de euros, hubiese supuesto el verdadero “cataclismo” financiero. De haberle ejecutado la obra, la tarifa que pagan hoy en día los ayuntamientos se vería incrementada al doble, para poder hacer frente a la amortización de los créditos.

  Por otra parte, las infraestructuras que diseñadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa suponen una respuesta integral al tratamiento de residuos y cierran el ciclo de una manera sostenible, ambiental y económicamente, ya que su coste máximo es de 250 millones de euros, exactamente la mitad que la incineradora, y ello tomando en consideración las posibles perdidas provocadas por los productos especulativos SWAP subscritos en la anterior legislatura, en caso de que el magistrado se decante a favor de la banca.

  
  

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