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El Ayuntamiento de Pasaia confirma que las obras realizadas en el campo de tiro militar de Jaizkibel son ilegales
2019-02-10
El Ayuntamiento de Pasaia ha constatado que las obras realizadas por los militares en la pista de acceso al campo de tiro de Jaizkibel carecen de la preceptiva licencia municipal, por lo que las considera “clandestinas”, y, siguiendo el procedimiento, concede al Ministerio de Defensa un mes de plazo para que presente un proyecto de legalización.Asimismo, los servicios jurídicos municipales confirman que la competencia sancionadora, en base a la Norma foral 7/2006 de Montes, corresponde a la Diputación, a pesar de que esta se inhibió cuando Eguzki denunció los hechos. Es por eso que la organización ecologista reclama al ente foral que cumpla con su obligación y abra el correspondiente expediente sancionador.
Eguzki subraya que este asunto, además de evidenciar la prepotencia con la que actúan los militares, pone de relieve el sinsentido de que instalaciones de este tipo estén incrustadas en una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. También pone en evidencia la falta de diligencia que frecuentemente caracteriza la actuación de la Diputación en Jaizkibel y, en general, en los espacios de Natura 2000.Los hechos
En mayo de 2018, la organización de la Marcha por la Desmilitarización de Jaizkibel denunció importantes obras en la pista de acceso al campo de tiro militar.
Eguzki, considerando que estas obras eran contrarias a los objetivos de la Zona de Especial Conservación de Jaizkibel, preguntó en junio a la Diputación si las había autorizado y, en caso contrario, qué procedimiento iba a seguir para ordenar la restitución de los terrenos a su estado original y/o sancionar a los responsables.
La Diputación respondió en septiembre muy escuetamente que los militares no habían pedido autorización, pero que el decreto por el que se designa la ZEC de Jaizkibel no establece que la Diputación deba autorizar ese tipo de obras.Eguzki recurrió entonces al Ayuntamiento de Pasaia, que, tras encargar un informe jurídico, ha llegado a las conclusiones antedichas: son ilegales, puesto que se realizaron sin la preceptiva licencia municipal, y la Diputación es la que, sin duda, tiene la potestad sancionadora.
EGUZKI, febrero de 2019
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