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La Fiscalía de Bizkaia, tras una denuncia de Eguzki, incoa diligencias por la muerte de un halcón que colisionó contra un tendido eléctrico no adaptado
2021-10-14
El halcón muerto en Alonsotegi, tras colisionar con una línea eléctrica no adaptada.
La Fiscalía de Bizkaia, en respuesta a una denuncia presentada por Eguzki, ha abierto diligencias de investigación por la muerte de un halcón peregrino tras chocar en Alonsotegi con un tendido eléctrico que sigue sin estar adaptado, a pesar de que ya en 2008 se publicó el Real Decreto que obliga a las compañías eléctricas a adaptar los tendidos con el fin de evitar o reducir la muerte de aves por electrocución o choque.
Fue el ornitólogo Iñigo Zuberogoitia quien dio a conocer el caso de este halcón, uno de los cuatro ejemplares de esta especie que hasta ahora criaba en el Pagasarri y cazaba en el cielo de Bilbao:
(1) Iñigo Zuberogoitia Arroyo | Facebook
El halcón peregrino está incluido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Está, por tanto, legalmente protegido y su muerte puede constituir un delito contra el medio ambiente.
Precisamente hace ahora un año, Eguzki solicitó a las diputaciones vascas que constituyeran y dotasen de medios adecuados a sendas patrullas de basozainak especializadas en el seguimiento e identificación de los tendidos eléctricos más peligrosos para las aves.
La creación de estas patrullas estaría muy en sintonía con el oficio que la Fiscalía General del Estado remitió en agosto de 2019 a las Comunidades Autónomas, en el que les reclamaba la imposición de sanciones a las compañías eléctricas ante sus reiterados incumplimientos del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, que es el que les obliga a adaptar los tendidos. Reclamaba, asimismo, que dieran traslado a la Fiscalía de todos los casos de aves electrocutadas y una mejora de los medios de basozainak/agentes ambientales para afrontar esta problemática.
La solicitud de Eguzki hasta ahora ha caído en saco roto.
UN PROBLEMA AMBIENTAL TAN GRAVE COMO POCO CONOCIDO
La mortandad por colisión o electrocución con los tendidos eléctricos es una amenaza, especialmente para las rapaces, prácticamente todas ellas protegidas, superior incluso a la que representan los venenos, los disparos o los atropellos. El citado Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión/electrocución en líneas de alta tensión, lo identifica como el principal problema de conservación de aves rapaces.
El propio Ministerio de Transición Ecológica estima que más de 33.000 rapaces protegidas son víctimas cada año en el Estado por electrocución/colisión en tendidos eléctricos, aunque informes de organizaciones privadas ponen en evidencia que esa estimación se puede quedar muy corta. Así, la Fundación de Amigos del Águila Imperial, en un estudio reciente en colaboración con la Fundación Banco Santander, calcula entre 192.000 y 337.000 las aves muertas cada año en el Estado español en tendidos eléctricos.
¿Y en Euskal Herria? No existen datos concretos. Pero una simple extrapolación nos permite constatar que nos encontramos ante un enorme problema ambiental al que no se le está dando respuesta adecuada. Permanece solapado, probablemente porque las administraciones no le dedican los recursos humanos y materiales necesarios.
EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO VASCO E IBERDROLA
El antedicho Real Decreto 1432/2008 estableció las pautas para la adaptación de los tendidos eléctricos existentes e impuso obligaciones al respecto a las compañías eléctricas, que durante años se han negado a tomar medidas, hasta que la Justicia ha empezado a emitir algunas condenas por delito ecológico.
En este contexto, en enero de 2019, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco suscribió con Iberdrola un convenio para empezar a adaptar las torres de alta tensión de la CAV con el fin de evitar o reducir la muerte de aves por electrocución o choque.
Eguzki ya valoró en su día que el convenio llegaba con mucho retraso y era claramente insuficiente. Llegaba con mucho retraso, porque habían transcurrido ya diez años largos desde la aprobación del Decreto. Era claramente insuficiente, porque el convenio compromete a la empresa a adaptar cada año un mínimo de 250 torres durante los próximos tres años. Puesto que el inventario de torres a adaptar en la CAV por estar situadas en zonas consideradas vulnerables asciende a 7.000, una simple regla de tres permitirá constatar que, no es que el retraso sea grande, sino que, a este paso, tardaremos otros 28 años en adecuar la red a las estipulaciones del Decreto de 2008. En realidad, más, puesto que los firmantes del convenio reconocen que el inventario debe ser corregido al alza.
EGUZKI, octubre de 2021
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