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• Eguzki denuncia que, un año después del gran incendio del muelle de Lezo, la ciudadanía ni está más informada sobre sus causas y consecuencias ni, sobre todo, tiene garantías de que no se vaya a repetir

  2019-08-02
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  El 2 de agosto del pasado año tuvo lugar en el muelle de Lezo del Puerto de Pasaia un enorme incendio durante la operación de descarga de chatarra de vehículos al final de su vida útil, que se suelen importar para envío a empresa recicladora. La nube tóxica generada se extendió hacia el Oeste por decenas de kilómetros de la costa. Los departamentos de Seguridad y de Salud del Gobierno Vasco recomendaron a la ciudadanía de los municipios del entorno, incluidos los barrios donostiarras de Miracruz y Ulia, que cerrasen las ventanas de sus viviendas de manera preventiva, para evitar la inhalación de las sustancias emanadas de la combustión de la chatarra y restos no metálicos. Luego supimos que la estación de vigilancia de la calidad del aire de Lezo llegó a registrar en algún momento una cantidad de partículas PM10 tres veces superior a la concentración media diaria permitida.

  En los días siguientes, la Autoridad Portuaria y el Gobierno Vasco se esforzaron en defender que todo estaba bajo control, que el incendio había sido fortuito, que la chatarra cumplía las condiciones, que en todo momento se había actuado correctamente y que ni el humo ni el agua utilizada para apagar el incendio habían tenido consecuencias ni en la salud de la ciudadanía ni el medio ambiente.

  Sin embargo, los vecinos y vecinas más directamente afectados denunciaron la falta de medidas de seguridad en el Puerto y circularon informaciones, reflejadas también en los medios de comunicación, sobre la posibilidad de que la chatarra, procedente de vehículos de desecho, no cumpliese la normativa.

  La Fiscalía de Medio Ambiente abrió una investigación de oficio, tan de oficio que, en un primer momento, se negó a recibir la denuncia que le hizo llegar la plataforma Badian Bizi, por considerarla innecesaria. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Donostia abrió diligencias previas, pero ni como ciudadanos ni como personas que interpusieron la denuncia tenemos información. Suponemos que las diligencias seguirán su curso.

  Lo cierto es que la ciudadanía no está más informada sobre las causas y las consecuencias de lo que sucedió y, sobre todo, no tiene garantías de que no se vaya a repetir, porque, salvo alguna medida puntual, nada sustancial ha cambiado. Incluso los restos de aquella chatarra (suponemos que por causas relacionadas con la investigación) siguen depositados en el muelle.

  La sociedad demanda cada día más transparencia y que un año después sigamos así no parece buena señal. Quizá el aniversario sea una ocasión para que las instituciones, incluidos los ayuntamientos y la Diputación, digan qué han hecho desde entonces.

  EGUZKI, agosto de 2019

  
  

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