Albistea

• El 2º cinturon ni reduce el tráfico ni ordena el territorio solo es un derroche de suelo y dinero

  2010-06-26
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  EGUZKI califica la nueva autopista del Este de Gipuzkoa como modelo caduco de ordenación, derrochador de recursos e ineficiente de movilidad

  

  El día 25 de junio, al parecer, se abrirá al tráfico el segundo cinturón de Donostia, tramo de autopista de nueva construcción de 17 km que unirá la muga de Usurbil con Orereta-Errenteria. Para ello, la Diputación se ha gastado más de 300 millones de euros provenientes de la Hacienda pública de Gipuzkoa, transfiriéndolos a cuatros empresas del lobby de la construcción, para engordar sus beneficios: Amenabar, Altuna y Uria, Galdiano y Moyua. En enero de 2009 pudimos conocer como Markel Olano cacareaba la concesión de un préstamo de 200 millones euros por el Banco Europeo de Inversiones, con el objeto de financiar esta obra faraónica, e hipotecando una vez más nuestros impuestos. Y mientras tanto este tipo de inversiones innecesarias y la retrógrada política fiscal de la Diputación siguen empobreciendo a la sociedad. La élite económica sigue parasitando a la masa trabajadora. Es curioso,y kafkiano a la vez, que previamente a la puesta en funcionamiento del segundo cinturón, el lobby de la construcción por boca de políticos profesionales de la Administración ya nos han presentado mediante el Plan Territorial Parcial de Donostialdea el trazado de un tercer cinturón, artificializando el territorio hasta Aiako Harria. EGUZKI califica los impactos sociales, ambientales y económicos del millonario segundo cinturón como severos y críticos, pues entre otras afecciones ha generado un efecto barrera de importantes dimensiones, contribuyendo a aumentar el aislamiento ecológico de Mendizorrotz y el Parque de Lau Haizeta. Asimismo, es de destacar la destrucción de cientos de hectáreas de suelo destinadas a la producción de alimentos y al sustento de empresas ligadas al sector primario, en beneficio de un modelo sustentado en la movilidad motorizada. Cabe preguntarse si este tipo de gastos en más carreteras es el mecanismo de la Diputación para reducir y gestionar la movilidad (120.000 vehículos/día de la A-8), sobre todo si comparamos los más de 300 millones de euros gastados con las ridículas inversiones en transporte público, Lurraldebus o en movilidad peatonal y ciclista. Una inversión similar estaría en disposición de poner en el camino de solucionar la movilidad de la comarca de Donostialdea, pues no cabe obviar que la mayoría de la población que vive entre esta comarca y la de Bidasoaldea realiza sus viajes y movilidad entre ambas ciudades, pudiendo hacerse un trasvase masivo de la misma al transporte público. Además, es conocido que la creación de nuevas infraestructuras conllevan incrementos de la movilidad, cuando precisamente la Diputación debería trabajar en la dirección de reducirla. ¿Tras este inmenso derroche de dinero público, cuáles nos espera ahora? ¿El superpuerto de Miguel Buen (750 millones), la pasarela de Ulia de Odón Elorza (15 millones), la incineradora y los nuevos vertederos tóxicos de Ormazabal (400 millones), la ampliación del aeropuerto de Hondarribia, el tercer cinturón de Donostialdea, etcétera? ¿Para qué? ¿Para quién? Las necesidades de la sociedad de Gipuzkoa y el destino de sus impuestos son otros: servicios sociales, sanitarios, culturales y educativos de calidad, producción masiva de energía renovable, protección y gestión de hábitats y especies de la fauna y flora amenazadas, producción de alimentos, transporte público, multiplicación de la red de bidegorris, etc. En definitiva, la nueva autopista de Donostialdea ha traído destrucción de suelo para la producción alimentos, artificialización y aislamiento del territorio, pérdida de hábitats y biodiversidad, empobrecimiento de la sociedad, y enriquecimiento de cuatro empresas y alguno más. Solo queda desear un feliz aumento del peaje.

  
  

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