Albistea

• A las personas pobres… que les den morcillas

  2010-12-29
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  El gasto en infraestructuras faraónicas (superpuestos, autovías, TAV…) continúa. El reverso de esta moneda es un paro galopante y miles de familias sin recursos para subsistir con un mínimo de dignidad.

  

  En Hego Euskal Herria el 1,2% de la población controla el 44,7% del total del PIB, según de Banif, banco de inversión privado filial del Banco Santander. El fraude fiscal se dispara, sólo 5.500 millones en Bizkaia. El gasto en infraestructuras faraónicas (superpuestos, autovías, TAV…) continúa. El reverso de esta moneda es un paro que aumenta de forma galopante, la bajada constante y sin freno del poder adquisitivo de las familias o la sangrante precariedad laboral. Además de miles de estas familias sin recursos para subsistir con un mínimo de dignidad. Ante este panorama las políticas activas por parte del Departamento de la consejera Zabaleta son, como ella misma dice que “estamos en un sistema de derechos, no de caridad”, el recorte sin paliativos de las ayudas sociales. Tal vez si de verdad derechos como la vivienda y el empleo se cumpliesen no tendríamos que hablar de caridad que está lejos de ser eso, sino el derecho a vivir dignamente. Desde antes de la aplicación de la nueva Ley de Garantía de Ingresos en enero de este año 2010, plataformas y colectivos como Berri Otxoak ya alertaban los efectos restrictivos y de recorte en los derechos sociales que suponía esta nueva ley. Con motivo de la lucha contra el “fraude” la última actuación del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco ha suspendido a 6.262 personas el cobro de la RGI por no estar inscritas en el INEM y LANBIDE (Servicio Vasco de Empleo). Esta suspensión ha sido la primera consecuencia de la política de criminalización de la persona pobre después del anuncio de la revisión de los más de 88.000 expedientes. Desde la plataforma Berri Otxoak denuncian que esta revisión “pretende hacer un recorte de las prestaciones sociales de las personas pensionistas o con empleos en precario, el 80% de las familias perceptoras de las ayudas sociales”. Ya en septiembre de este año esta misma plataforma denunciaba que sólo de preveía cubrir el 75% de cobertura de las necesidades previstas por los ayuntamientos. Es decir, “8.200 familias se quedarán sin ninguna cobertura social por la falta de un presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes”. Denunciaban que “más de 129.000 personas” se encuentran desempleadas, de las que 60.500, el 47%, no recibían ningún tipo de prestación. Durante el primer trimestre del año 335 familias vascas han sido desahuciadas por no poder hacer frente a los pagos de sus hipotecas; también se ha incrementado en un 20% el número de juicios vinculados a los desahucios por impagos de alquiler. Las peticiones a Cáritas y al Banco de Alimentos han aumentado un 40%, siendo 35.000 personas las que se alimentan gracias a estas instituciones. Según el Gobierno Vasco 890.000 personas reflejan algún tipo de precariedad y declaran tener considerables dificultades para llegar a fin de mes… El 57% de los pensionistas vascos se encuentran por debajo del umbral de pobreza; esta cifra se incrementa hasta el 70% si nos referimos a las pensiones de viudedad. El 16% de las familias abandonó un tratamiento médico ?oftalmológico y odontológico, principalmente- por falta de dinero, según la “Organización de Consumidores y Usuarios”. fuente IndymediaEH

  
  

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