Albistea

  • El Parlamento de Gasteiz ha aprobado, con los votos de PSE y PP, modificar la Ley para la Garantía de Ingresos.

    2011-11-24

    Elkartzen, junto a decenas de movimientos sociales de Euskal Herria, nos hemos concentrado a las puertas del Parlamento en Gasteiz para denunciar los recortes sociales que estamos sufriendo la sociedad vasca y en concreto la aprobación de la Ley de Garantia de Ingresos.

    La modificación ha sido aprobada por PSE y PP, mientras que el grueso del texto ha sido rechazado por EB, EA y Aralar. PNV y UPyD se han abstenido. La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y con ello se modificarán los requisitos para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que actualmente perciben 55.000 personas en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. De esta manera, para poder solicitar la RGI será necesario acreditar un mínimo de tres años de empadronamiento y, en el caso de que no se alcance esa antigüedad en el registro, los solicitantes deberán haber cotizado al menos cinco años a la Seguridad Social. Si no se cumple el requisito previo del año de residencia, el que existía hasta ahora, se deberá acreditar haber estado empadronado en algún municipio de la CAV durante cinco años continuados de los diez inmediatamente anteriores a la solicitud. La reforma también incluye que los perceptores de las ayudas, salvo pensionistas, personas con invalidez absoluta y menores de 23 años, deberán estar disponibles para trabajos de carácter social en situaciones de emergencia o especiales. Así, se retirará la prestación a aquellos titulares que rechacen una oferta “adecuada” de trabajo “acorde con sus posibilidades”. PSE y PP han argumentado que esta reforma no recorta derechos ni disponibilidades presupuestarias y que busca ligar las prestaciones sociales con el empleo. Frente a ello, la mayoría de la oposición ha criticado que ahora se va a dejar fuera de las ayudas a muchas personas en un momento de crisis. El Gobierno de Nafarroa también ha endurecido las condiciones para acceder a la renta básica, que pasa a denominarse renta de inclusión social. En adelante, para acceder a ella deberá acreditarse una residencia continuada y efectiva en la Comunidad Foral de al menos dos años, frente al año actual. Además, se exigirá “residir legalmente en España”.