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• Eguzki recurre el incremento de los días hábiles para abatir corzos y jabalíes en Gipuzkoa

  2016-01-07
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  Eguzki ha presentado recurso contra la reciente modificación que la Diputación de Gipuzkoa ha hecho de la Orden de Vedas que ella misma aprobó en agosto, modificación por la cual ahora se pueden abatir corzos y jabalíes no solo los sábados, domingos y festivos, sino también los jueves.

  Eguzki constata que, inexplicablemente, la orden foral que autoriza la modificación no cita estudio científico o informe técnico concreto alguno como base de la decisión, y cree que se trata de una concesión más al colectivo de cazadores, con el que las administraciones públicas han practicado históricamente una política clientelista.

  En la orden foral recurrida, la Diputación justifica la decisión únicamente en dos afirmaciones. La primera es que, “en estos últimos meses, los daños causados por los jabalíes se han acentuado y las quejas de los baserritarras y los sindicatos agrarios han ido en aumento”. Pero eso ya se sabía antes de publicar la Orden de Vedas de agosto, pues, según “fuentes” de la propia Diputación citadas por un medio de prensa, el número de actas por daños levantadas solo en los tres primeros meses de 2015 ya auguraba que el año se cerraría con un saldo superior al de 2014. (Por cierto que son los propios cazadores quienes levantan estas actas). La segunda afirmación justificatoria es que “la población de jabalí, junto con la de corzo, va aumentando considerablemente, tal y como lo demuestran los seguimientos anuales”, algo que también se sabía en agosto. La orden recurrida, por tanto, no aporta ninguna novedad que justifique la modificación en plena campaña y, sobre todo, no cita ningún estudio científico o informe técnico concreto que avale la medida.

  Las administraciones públicas tienen la obligación de velar por el buen estado de conservación de las poblaciones de fauna salvaje, e, incluso cuando se consideran especies cinegéticas, como es el caso del jabalí y el corzo, es imprescindible, para asegurar una gestión objetiva y eficiente, que las decisiones se basen en estudios científicos que determinen las pirámides de edad de las poblaciones, la distribución de sexos, el grado de incorporación de ejemplares jóvenes a los diferentes grupos, etc. Y en informes técnicos, por ejemplo, sobre cuánto se han acentuado los daños causados por los jabalíes, cuál es su caracterización o qué problemas de gestión plantean.

  Del mismo modo, las administraciones públicas deben garantizar el desarrollo de la actividad económica en nuestra sociedad en las mejores condiciones posibles, también las del sector primario, que, aunque debilitado, es fundamental (aunque mucho nos tememos que en este caso las quejas de los baserritarras son una excusa).

  Y, por supuesto, las administraciones públicas deben velar también por los derechos de quienes no van al monte con escopeta.

   

   

  
  

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