Eguzki reclama para el espacio sobre el que se asienta la central nuclear de Lemoiz “un uso coherente con su historia”, lo que se traduciría en la restauración ambiental de la cala de Basorda y su compatibilización con el disfrute público, quizá mediante la habilitación de un parque como lugar de memoria. Y a estos objetivos debería estar supeditado cualquier otro uso posible de este espacio. En todo caso, la decisión sobre lo que finalmente se haga no debería ser unilateral, sino basarse en el mayor consenso social posible, pues la memoria, si para algo ha de servir, ha de ser para casos como este.
La restauración ambiental de la cala y el disfrute público de los terrenos no son cuestiones arbitrarias. Por una parte, la central se construyó sobre dominio público marítimo-terrestre, en un emplazamiento que aún hoy posee un gran valor natural, y, puesto que el proyecto para el que se hizo la concesión se ha extinguido, lo que procede, incluso desde un punto de vista estrictamente legal, es devolverlo a su estado original. Por otra, el disfrute público es de sentido común, ya que ha sido la ciudadanía la que ha comprado ese espacio, instalaciones incluidas, y lo ha hecho además a precio de oro.
Recordemos, en ese sentido, que la ciudadanía ha pagado hasta hace prácticamente un año un sobrecosto en el recibo de la luz para indemnizar a las eléctricas por la moratoria nuclear de 1984, en virtud de la cual la central de Lemoiz quedó formalmente paralizada, junto con las de Valdecaballeros y Trillo II. El Estado reconoció entonces a las eléctricas, con Iberduero a la cabeza, que habían hecho una inversión de 2.300 millones de euros. Sin embargo, las compensaciones a través del sobrecosto en los recibos de la luz han oscilado, según las fuentes, entre los 6.000 y los 9.000 millones de euros. Eguzki considera que, si el Gobierno Vasco termina recibiendo del español estos terrenos, haría mal si, sin tener en cuenta estos antecedentes, los destinase a cualquier uso como si se tratase de bienes que hubiese adquirido por procedimientos más convencionales.
Eguzki considera oportuno hacer estas reflexiones, que por otra parte están en línea con lo que la propia organización y, en general, el conjunto del Movimiento Antinculear y Ecologista vasco han defendido históricamente, ante las expectativas que se están despertando en torno a los terrenos de la central de Lemoiz. Y es que el acuerdo entre el PNV y el PP para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 incluye un compromiso por parte del Gobierno español para cederlos “de manera inmediata” a “las instituciones vascas”.
El hecho de que, después de tantos años, el PNV haya querido incluir este punto en un acuerdo como este lleva a pensar que el Gobierno vasco baraja ya algún proyecto concreto y, de hecho, ya se han publicado algunas informaciones sobre la posible implantación de una piscifactoría e instalaciones ligadas a la plataforma Bimep, dedicada a la obtención de energía a partir del oleaje.
Eguzki no va a entrar a valorar ahora estos u otros proyectos, pero insiste en que cualquier cosa que se haga debería ser compatible con los objetivos de restauración ambiental y uso público, y, en todo caso, no ser fruto de una decisión unilateral, sino del mayor de los consensos posible.