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• la Diputación de Gipuzkoa maniobra para eliminar la acusación popular sobre las pistas de Aralar

  2018-03-01
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  Imagen del inicio de las obras de la pista denunciada, actualmente finalizada.

  DIPUTACION DE GIPUZKOA MANIOBRA PARA ELIMINAR LA ACUSACIÓN POPULAR EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COMETIDO POR ELLA CON LA PISTA DE ARALAR.

   La organización ecologista y antinuclear Eguzki y la asociación ambiental Landarlan, como representantes del interés social en defensa de Aralar, se hallan personadas como acusación popular en las diligencias previas que se siguen en los tribunales contra Arantxa Ariztimuño, actual Directora General de Montes y Medio Natural, y Félix Asensio, anterior Director General de Medio Ambiente. Ambos son los cargos políticos que en la Diputación Foral de Gipuzkoa (PNV-PSOE) deberían responsabilizarse de la conservación del Medio Ambiente y de las áreas protegidas, en interés de todos. Pero se hallan imputados (ahora investigados) por hacer lo contrario, por autorizar y promover la construcción de una pista de más de 4 km en zona protegida de Enirio-Aralar, cometiendo un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

  

  Momento de una concentración ante Diputación

  Pero en lugar de admitir la posible falta, la Diputación de Gipuzkoa prefirió empeñarse y tratar de impedir que estos colectivos ejercieran su derecho a defender la naturaleza y solicitar justicia ambiental. Y no se les ocurrió nada mejor que solicitar una fianza que nos hiciera renunciar, nada menos que 20.000 € y, por si no estuviera claro, pidiendo al juzgado que no nos dejara participar mientras no se depositara esta fianza. Ante este disparate, la jueza instructora fijó una fianza de 4.000 € para responder de posibles gastos; pues bien, pensando que a lo mejor seríamos capaces de hacer frente a esa cantidad y tantos deben ser los gastos de defensa de la Diputación de Gipuzkoa, que no ha dudado en solicitar a la jueza que no se conforme con tan poco y suba la fianza al menos hasta 10.000 €, a ver si así consiguen que se retire la acusación popular.

  Este mismo equipo de gobierno foral es el que, de manera continua, nos torpedea con las ideas más brillantes: transparencia, participación social o colaboración público-privada. Denuncias como ésta clarifican las verdaderas intenciones de la Diputación de Gipuzkoa, cuyo modus operandi es trabajar exclusivamente con grupos de presión asociados a su caladero de votos, utilizando un nítido clientelismo en sus decisiones, sin dudar para ello en despreciar la legislación para la conservación de la naturaleza.

  

  Y en el conflicto que la Diputación ha generado en Aralar, no podía faltar el coro de entidades auxiliares como ENBA, EHNE-Gipuzkoa, GEBE o Baskegur que, aunque figuren como privados, se nutren de fondos públicos, e  incluso algún Ayuntamiento como el de Abaltzisketa, declarándose insumisos a las leyes que no son de su gusto e intentando hacernos partícipes de  un modelo rural nostálgico sin apenas realidad y con ningún futuro. Una vez más, habrá que recordar a estos grupos tradicionalistas del sector primario que Enirio-Aralar es un monte comunal y protegido, en el que no todo vale y donde el interés público, recogido en la normativa ambiental vigente, prima sobre cualquier otro interés privado.

   

  Donostia, a  21 de febrero de  2018

   

  
  

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