Este “filtrado” es una práctica que Eguzki ha venido denunciando

La Fiscalía ha enviado un oficio al diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación de Gipuzkoa para que le remita todos los atestados que incoen los guardias forestales en los que haya indicios de delito ecológico, sin que sus superiores pongan filtro alguno, tal y como establecen la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Es la propia Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco la que informa de este “tirón de orejas” en su “Memoria 2022 (ejercicio 2021)”, recientemente publicada (*), por una práctica de “filtrado” que Eguzki ha venido denunciando. Así, en octubre pasado, interpusimos sendas denuncias relacionadas con el ámbito de la caza, tras el abatimiento por disparos de escopeta de un elanio azul en Segura y un águila calzada en Errezil, ambos ejemplares de especies protegidas. En ellas, solicitábamos no solo identificar y castigar a los autores de los disparos, sino también “esclarecer por qué no es la propia Diputación la que denuncia este tipo de hechos ante la Fiscalía”. Añadíamos que “las autoridades, en cuanto tienen conocimiento de que se ha cometido un presunto delito, están obligadas a comunicarlo al fiscal o al juez, sin que puedan decidir qué comunican y qué no, como, al parecer, sucede en la Diputación”.

Al respecto, en la “Memoria 2022” de la Fiscalía puede leerse lo siguiente:

“En Gipuzkoa, son periódicas las reuniones mantenidas entre miembros del Guarderío Forestal y el Fiscal Delegado en las que, además de informar del desarrollo de algunas investigaciones, se ha trasladado una serie de disfuncionalidades que se están produciendo entre los guardas forestales y los jefes de servicios de montes y de flora y fauna de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se nos ha trasladado que cuentan con dificultades para poder desarrollar las funciones que la ley les reconoce como policía judicial, ya que los jefes de servicio realizan una labor de análisis previo a modo de “filtro” en el traslado de informes y atestados al Fiscal que legalmente no les corresponde. Antes de que los informes y atestados de los guardas forestales lleguen al fiscal, los jefes de servicio realizan una labor de análisis jurídico previo que corresponde exclusivamente al Juez o al Fiscal. Con tal proceder, muchos informes/atestados incoados por los guardas forestales no llegan con la premura precisa al Fiscal, o se modifican antes de llegar al Fiscal, perjudicando la necesaria celeridad con la que se debe responder penalmente ante hechos que puedan revestir caracteres de ilícitos penales. La problemática referida se ha tratado de solventar con reuniones con los jefes de servicio de montes y de flora y fauna, así como reuniones con guardas forestales. La última reunión celebrada con los guardas forestales y en la que se nos trasladaba la problemática antes referida tuvo lugar el 22 de diciembre de 2021. A raíz de la misma, el Fiscal delegado ha puesto en conocimiento del Fiscal Jefe la problemática referida, y se ha procedido a enviar oficio al Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa dejando clara la postura de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa que no es otra que el seguimiento de la Instrucción 4/2007 de la Fiscalía General del Estado reguladora de la especialidad ambiental en el seno del Ministerio Fiscal, solicitando que se establezcan los cauces adecuados en la estructura de funcionamiento del órgano administrativo del que dependen los Agentes Forestales para que se proceda a la remisión inmediata al Fiscal Delegado de aquellos hechos que aparentemente pudieran ser delictivos, de todos los atestados que extiendan los Agentes Forestales, y que en dicho traslado, sin perjuicio de que den cuenta e informen a sus superiores jerárquicos (Jefes de Servicio), éstos no realicen ningún filtro o análisis jurídico previo, poniendo en conocimiento del mentado Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de Gipuzkoa los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial que confirman la condición de los guardas forestales como policía judicial, con las implicaciones legales correspondientes”.

La “Memoria 2022” acaba de ser publicada. En ella no se especifica cuándo envió el fiscal el oficio/tirón de orejas al diputado de Promoción Económica, pero Eguzki está en condiciones de afirmar que el “filtro” ha seguido aplicándose.

Las “disfuncionalidades” en la Diputación de Gipuzkoa constituyen el grueso del epígrafe “Relaciones con la administración” del capítulo correspondiente a Medio Ambiente y Urbanismo de la “Memoria 2022”, pero, en general, no parece que la colaboración para castigar los delitos ecológicos sea muy grande. En ese mismo epígrafe pueden leerse:

“Los fiscales especialistas [en Medio Ambiente] no mantienen relación con el Gobierno Vasco en general ni con la Viceconsejería de Medio Ambiente en particular; en Bizkaia, a raíz del derrumbe del

vertedero de Zaldibar, la Viceconsejería de Medio Ambiente sigue remitiendo comunicaciones, si bien cada vez más espaciadas, con el fin de informar sobre el estado en el que se halla el expediente de Exigencia de Responsabilidad Medioambiental ERM 2020/001 contra la empresa del vertedero de Zaldibar.

Tampoco existen contactos con la Agencia Vasca del Agua (URA), más allá de los informes que se puedan solicitar desde esta Fiscalía en los procedimientos en trámite.

Se tienen contactos puntuales con las diputaciones forales…”.

No parece que, en el ranking de la represión de delitos, los relacionados con el medio ambiente sean una prioridad, ni siquiera en plena crisis ecológica.

EGUZKI, septiembre de 2022

(*) La “Memoria 2022” puede descargarse desde el apartado “Memorias y estadísticas” de Comunidad Autónoma del País Vasco – Fiscal.es . El capítulo dedicado a Medio Ambiente y Urbanismo, a partir de la página 97.