Eguzki, ante la coordinación Gobierno-CSN, denuncia la falta de autonomía y valoración técnica de este órgano, y exige al Gobierno Español el cierre de Garoña.
2012-01-16
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En el día 4 de este mes el Gobierno de Madrid acordó solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un informe sobre la prolongación de la vida de Garoña.
Si esta medida anunciada ya suponía un cuestionamiento del plan de cierre y clausura de Garoña para el año 2013, el Gobierno pretende la prórroga con un supuesto informe técnico que avalase dicha posibilidad. En todo caso estamos ante una decisión politica, por lo que la reunión celebrada el pasado día 10 martes, entre el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti Scharfhausen, y los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para tratar la posible prolongación de la vida útil de la Central de Santa María de Garoña, evidencia una vez más la dependencia de dicho órgano con el gobierno, así como supone una reunión que deja a las claras la sumisión de los consejeros del CSN al poder, y su actuación bajo los mandatos políticos y no los criterios técnicos de los que presumen.
En lo poco que ha transcendido de dicha reunión, se les informó de los asuntos pendientes sobre la energía nuclear que puso sobre la mesa el ministro José Manuel Soria a su llegada al Ministerio y en especial, el informe sobre que Soria tiene previsto solicitar al CSN, ante el cierre de la central prevista para 2013, si bien oficialmente el Ministerio de Industria todavía no ha solicitado formalmente este informe al organismo nuclear, según indicaron desde el CSN.
El encuentro debe llamar la atención para no desviar nuestra mirada a criterios técnicos manipulables y a criterios económicos de quienes defienen en crecimiento y entrega de recursos a la gran banca y a las empresas energéticas, sino al anuncio de un encargo con el resultado escrito y dictado desde el gobierno para autojustificarse en la intención de prórroga.
La clave del debate en estos momentos es el intento del Partido Popular de proceder a la prórroga del plazo de concesión de actividad, en contra de la mayoría social, por lo que la oposición de esta mayoría social puede evitar la imposición de la prórroga, más si cabe la directriz del informe esta siendo marcada desde el Ministerio, y la decisión final no tiene que ser acorde con el CSN, sino con la sociedad.
Los intereses económicos del lobby nuclear estan frotandose las manos con la decisión política de servir este gobierno al interes de las grandes empresas energéticas en su apuesta por la energía nuclear.
Por ello tenemos que denunciar que el CSN ya consideró “aceptable” la previsión del titular de la central (Nuclenor) para extender la duración de las baterías a 24 horas y la conexión posterior de la batería de reserva para extender la autonomía hasta 32 horas, pero esta prueba demuestra la situación de riesgo de accidentes y consecuancias en situaciones similares a Fukushima, así como la falta de un sistema de baterías que sin otra energía puede también fallar.
Pero, además, no se han hecho ni las pruebas ante el impacto de un avión, como se requiere por la Unión europea, ni se han hecho pruebas de resistencia en cuestión de terremotos, como requiere el Organismo Internacional de la Energía Atónomica (OIEA). En este sentido, las pruebas de resistencia a las que se debe someter esta central nuclear acordadas tras el incidente de Fukushima (Japón) del año pasado no fueron realizadas y no constan hasta la fecha.
Las centrales nucleares no cuentan con tecnología y sistemas de seguridad que las hacen infalibles y de la remota posibilidad de que ocurran accidentes de este tipo. No cuentan con seguridad ni las pruebas son serias y objetivas sino justificadoras de las centrales. Estamos seguros que si se valorasen los riesgos reales, ninguna central del Estado, y mucho menos Garoña, conocida como la central de las mil grietas, recibirían la garantía de su funcionamiento seguro
En el informe enviado a la Comisión, el CSN se comprometía a “revisar en una inspección las hipótesis y estimaciones realizadas -por el titular- para justificar la duración extendida de las baterías, así como los procedimientos de actuación previstos”. Afirmaba, además, que Garoña no había enviado el análisis de una situación de “LOOP” -pérdida de todas las fuentes de respaldo y de las baterías, como ocurrió en Fukushima- y pide a los titulares que “lo completen”.
Eguzki denuncia que estas pruebas pretenden sostener la revisión técnica por expertos, cuando son personas y sujetos con intereses y que actúan como juez y parte, al defender este tipo de energía y la “infalibilidad” de las nucleares, algo rebatido con los hechos. Tan solo quedan en entredicho todos los estudios y pruebas de resistencia para avalar la seguridad en la historia y podemos citar accidentes en nucleares de Three Mile Island; Chernobyl; Fukushima-Daiichi, y esta semana Marcoule, todas con informes y parabienes de la industria nuclear y de los organos de control gubernamentales.
Para Eguzki, estos denominados “accidentes” son consecuencia de un modelo energético nada seguro, costoso, impredecible y cuyos efectos y residuos los asumimos todos y todas. Un modelo que demuestra que no somos capaces de garantizar su inocuidad durante los miles de años de radioactividad, por mucha profundidad de los océanos en los que se deposita.
Garoña es una planta nuclear que debería haber estado cerrada hace mucho tiempo por vieja, por peligrosa, por innecesaria, por estar amortizada, porque lo demanda la sociedad, y es la voluntad de nuestra sociedad, no adminitiendo imposiciones al respecto.
Para Eguzki, no hay criterios económicos, ecológicos ni democráticos que avalen el funcionamiento la energía nuclear, por lo que exigimos el cierre inmediato de todas las plantas nucleares y en especial Garoña, respetando la voluntad popular de la sociead vasca.
Por lo tanto, exigimos al Gobierno Español que atienda a la demanda netamente mayoritaria de la sociedad vasca, cierre Garoña de forma inmediata, y plantee un programa de cierre de las centrales nucleares para acabar con esta energía peligrosa en el Estado.