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  • Estado Español incompetente con la Red Natura 2000

    2015-01-04
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    pottokak Iturria: Europapress.

    Una quincena de ONG ambientales ha remitido una carta a la Comisión Europea para que tome medidas e inste al Gobierno del Reino de España a que asuma sus responsabilidades en el cumplimiento de la normativa europea más importante de protección de la biodiversidad.

    “Solicitamos a la Comisión Europea que tome las medidas necesarias para que el Gobierno Español asuma sus responsabilidades en el cumplimiento de la normativa europea más importante de protección de la biodiversidad. Es decir, las comunidades autónomas deben aprobar planes de gestión que cumplan con los requisitos de la Directiva Hábitat, y hacerlo con una amplia participación y el MAGRAMA debe ejercer la labor de coordinación adecuada para asegurar que esto se cumple”, ha manifestado responsable de Red Natura 2000 en WWF España, Gema Rodríguez.

    Según ha informado WWF, una de las firmantes, la denuncia llega después de dos años a cuatro años de retraso en la obligación de aprobar los instrumentos de gestión y designar las correspondientes ZEC (Zonas Especiales de Conservación). Así, señala que ante el “inminente” riesgo de sanción por parte de la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva Hábitat y Directiva Aves, muchas comunidades autónomas han comenzado una “aprobación masiva de los planes” con un contenido bastante deficiente y sin contar con la necesaria participación ciudadana en la mayor parte de los casos.

    Las ONG reconocen el esfuerzo realizado por las administraciones autonómicas para elaborar los planes de gestión pendientes, pero lamentan que este se haga “únicamente para cumplir el expediente”, aprobando planes de gestión “deficientes” y “sin una adecuada participación”.

    En la misiva alertan a la CE de la “falta de participación” y de las “graves deficiencias” encontradas en la “avalancha” de planes de gestión que se están aprobando en comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, para designar las correspondientes Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

    SIN PARTICIPACIÓN

    La carta denuncia que estos planes de gestión de la Red Natura realizan una “injustificada simplificación de prioridades de conservación” y no fijan objetivos de conservación para todas las especies y hábitat de interés comunitario, con presencia significativa en el espacio. Además, valoran que en los casos en los que se fijan se hace de forma “poco concreta, genérica y no medible”.

    Asimismo, denuncian que en la mayoría de comunidades autónomas no se han realizado talleres ni reuniones participativas con los agentes locales interesados para la elaboración de los planes y que los plazos para los procesos de información pública de los mismos han sido, en ocasiones “irrisorios”.

    De este modo, pone de ejemplo a Castilla y León que ha sacado recientemente a información pública 436 instrumentos de gestión, habiendo habilitado únicamente un mes de participación pública para hacer comentarios y alegaciones (después ampliado a 15 días más). El caso de Extremadura ha sido similar, con cerca de 100 planes puestos en información pública durante únicamente un mes de plazo.

    Por otro lado, añaden que estos planes carecen de detalle sobre las prácticas a respetar por los propietarios o gestores de explotaciones en Natura 2000, lo que impedirá la activación de las ayudas previstas al efecto en el Reglamento FEADER, en detrimento de la rentabilidad económica de dichas explotaciones.

    Por ello, advierten de que la “ambigüedad” de las medidas de gestión supone además una alta inseguridad para los agricultores, ganaderos y silvicultores, que no saben qué prácticas agrarias tendrán que adaptar, modificar o limitar para su compatibilización con los objetivos de conservación.

    “La mala calidad de los planes de gestión de espacios de la Red Natura 2000 que se están aprobando no sólo no permitirá al estado español avanzar en sus objetivos de conservación de la biodiversidad de interés europeo, sino que además perjudica claramente al desarrollo rural”, subrayan las ONG.


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