El grupo ecologista Eguzki y Mutriku Natur Taldea consideramos que el proyecto de decreto de profesionalización de la angula constituye un atentado a la biodiversidad, sacrificada en beneficio del clientelismo. Por ello, hemos presentado alegaciones, en las que instamos al Gobierno Vasco a reconducir el asunto, acatar la decisión de la Unión Europea de prohibir expresamente la pesca recreativa de la angula –única modalidad existente hasta ahora en Bizkaia y Gipuzkoa– e iniciar los trámites para incluir la anguila europea en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, que es lo que corresponde, dada la situación crítica en la que se encuentra.
Recordamos que la Unión Europea prohibió el año pasado la pesca recreativa de angulas, entre otras medidas, porque la anguila europea, según el Consejo Internacional para la Explotación del Mar (CIEM), está “fuera de los límites biológicos de seguridad, en peligro crítico”. De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) hace ya años que la incluyó en su Libro Rojo, por considerarla “en grave peligro de extinción”. De ahí que los informes científicos europeos aconsejen que “la muerte por causas antrópicas –incluida la pesca– de anguilas en cualquier estadio de su vida debe ser cero o una cifra lo más cercana a cero posible”.
En 2007, cuando el declive de la población de anguilas era ya tan manifiesto que la UE obligó a los estados a establecer Planes de Gestión de la Angula, el Gobierno Vasco no vio necesidad o margen para una pesquería profesional en Bizkaia y Gipuzkoa, y estableció una “recreativa”, “caso único en Europa”, según destacó hace apenas un año el propio viceconsejero de Pesca, Bittor Oroz. Dieciséis años después, cuando la situación de la especie es notablemente peor, el Gobierno Vasco, en lugar de actuar en consecuencia y acatar la decisión de la UE, trata de burlarla aprobando un decreto de profesionalización, que supone una de dos: o crear un sector profesional donde no lo había o, por el contrario, reconocer implícitamente que ese sector ha existido durante todos estos años camuflado, sin los adecuados controles ambientales y al margen de los requerimientos de cualquier otra actividad económica.
El proyecto de decreto prevé conceder 150 licencias distribuidas de esta manera:
Pero no hay ningún estudio de Azti, al menos al que se haya podido tener acceso (*), que explique el porqué de esa cantidad o ese reparto. ¿Cómo ha justificado Azti, si es que lo ha hecho, que los informes del CIEM en los que se basa la decisión de la UE pueden soslayarse en Gipuzkoa y Bizkaia? ¿Cómo ha calculado la cuota que permite la creación de un sector profesional? ¿A cuánto asciende esa cuota? ¿Por qué 150 licencias? ¿Por qué no más o menos? ¿Por qué se reparten por cuencas de esa manera? A falta de poder acceder a esos informes, si es que existen, insistimos, todo apunta a que la cifra de 150 licencias es fruto exclusivamente de la negociación que el Gobierno ha llevado a cabo con Euskadiko Anguleroen Elkartea. Todo apunta a que no ha sido una cuota calculada con criterios de sostenibilidad la que ha permitido concluir que cabe desarrollar una pesquería profesional con hasta 150 licencias, sino que el número de licencias se deriva de la negociación que el Gobierno ha hecho directamente con la asociación. Clientelismo puro y duro.
La reclamación de los informes de Azti no es arbitraria. Se basa en razones de sentido común, pero es que, además, fue el propio viceconsejero Bittor Oroz quien en abril pasado declaró que “la clave” de la profesionalización era que iba a ser Azti “la que va a colocar el nivel del cupo de capturas, que se revisará anualmente”. Bueno, ¿pues cuál va a ser ese cupo para la temporada que viene? ¿Cómo se ha calculado? ¿Por qué hemos tenido que alegar al decreto sin acceder a esos datos?
Claro que el viceconsejero, el mismo día que dijo que “la clave” iba a ser Azti, también aseguró que en este asunto iba a haber “total transparencia” y, sin embargo, su único interlocutor parece haber sido la asociación de anguleros, mientras que el resto de la ciudadanía preocupada hemos tenido que hacer las alegaciones al proyecto de decreto a ciegas, sin conocer los informes científicos y jurídicos en los que supuestamente se basa. Por cierto que Eguzki y Mutriku Natur Taldea también echamos de menos los informes de la Dirección de Patrimonio Natural, que, tratándose de una especie en peligro crítico, nos parecen preceptivos.
Por lo demás, el decreto está repleto de irregularidades… se permite la pesca profesional desde embarcaciones no profesionales; la pesca desde la orilla se realizará desde estructuras –kalalekuak, kalatokiak– que carecen de la concesión preceptiva de la Ley de Costas; se prima a la hora de obtener la licencia la pertenencia e incluso la antigüedad en Euskadiko Anguleroen Elkartea…
Pues eso, un decreto a medida. La biodiversidad se sacrifica, una vez más, en aras del clientelismo.
EGUZKI TALDE EKOLOGISTA y MUTRIKU NATUR TALDEA
(*) Naturkon, coordinadora de asociaciones naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa, denunció específicamente este tema hace unas semanas: