Fuente: El Correo
La Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco acordó el 20 de diciembre de 2023 conceder la autorización ambiental integrada a la empresa Papresa, desoyendo las alegaciones presentadas previamente por la asociación de vecin@s, la ciudadanía y Eguzki. Queremos recordar que en el procedimiento denunciamos el escaso plazo para presentar alegaciones. La autorización ambiental, impone a la empresa una serie de condiciones para el ejercicio de su actividad, pero a juicio de los citados colectivos y ciudadanos no son suficientes para la conservación de la naturaleza y para la Salud y Seguridad de las personas, y esa es la razón en la que nos hemos basado para presentar este recurso.
Papresa está clasificada como empresa potencialmente contaminante por su impacto sobre el medio ambiente y la salud, por lo que a través de la Autorización Ambiental Integrada se le establecen limitaciones en diversos parámetros medio ambientales. Además, con esta autorización se le permitirá emitir a la atmosfera un nuevo contaminante (SO2) que antes no emitía.
Entendemos que los límites de la autorización no son suficientes para alcanzar un buen estado de conservación de la naturaleza y garantizar la salud de las personas, tal y como exponemos en el recurso. La Administración Pública no ha protegido adecuadamente el medio ambiente y la Salud de las personas, por lo que no está cumpliendo con los objetivos y las obligaciones que la ley establece.
Que en esta grave situación climática en la que nos encontramos hay que reducir la contaminación no se puede negar. El colectivo científico que a nivel de Mundial entiende de esta materia, hace un claro llamamiento para conseguir ese objetivo lo antes posible, porque si no será tarde. En este sentido, se han adoptado acuerdos para reducir la contaminación, con destinos en los años 2030 y 2040. Aquí, por el contrario, no se reducen y como ya hemos mencionado, se admiten además nuevas emisiones, lo que nos aleja de los objetivos necesarios.
Eguzki solicita en su recurso, por un lado, el cumplimiento del Decreto 213/2012, vigente en materia de ruido, y por otro, que se pongan medidas más estrictas en relación con los olores que se generan y con los contaminantes que se emiten a la atmósfera y el agua. Esta solicitud se basa en dos criterios, uno, que esta empresa se encuentra en el CENTRO urbano de un pueblo de 40.000 habitantes y NO en un polígono industrial, y dos, que el Gobierno Vasco tiene la potestad de establecer medidas más restrictivas a las que establece la legislación.
Es por ello, que en gran medida entendemos que es una cuestión de voluntad política, donde no nos queda duda alguna de que la Administración pública debe optar por medidas que respondan y protejan mejor la conservación de la naturaleza y la salud de las personas.
