El PP impulsó en 1998 el mayor sumario contra el independentismo vasco y el PSOE lo cierra, casi una década después, con 46 órdenes de prisión contra los 52 ciudadanos vascos procesados, casi todos con una trayectoria muy relevante. Se adelanta que en varios casos el castigo superará la petición fiscal: hasta 527 años de prisión en total. Batasuna considera que «es hora de levantar una barricada». Y para mañana se anuncia una gran manifestación en Bilbo.
Han sido condenados por trabajar por este país, y fue precisamente ahí, en el «tajo», donde resultaron detenidos muchos de ellos. Las primeras noticias llegaron desde Gasteiz: a Alberto Frías, militante ecologista con una trayectoria tan larga como conocida y reconocida, se lo habían llevado policías españoles cuando se encontraba en la sede de Eguzki. A esa misma hora, Olatz Altuna concertaba una entrevista para difundir las conclusiones de la V Encuesta de Uso del Euskara, un trabajo básico para medir el desarrollado de la lengua que se realiza cada cinco años y que acababa de presentar en Donostia, en un día que no olvidará. A Xabier Balantzategi fueron a buscarlo más de media docena de agentes policiales al despacho de abogados donde trabaja. A Sabino Ormazabal lo capturaron en la redacción de GARA, adonde no dejó de acudir a ejercer su profesión de periodista pese a la mala noticia. Y a Fernando Olalde lo abordaron en la sede de la Fundación Joxemi Zumalabe, en Egia, donde trabajaba con sus compañeros de oficina.
La maquinaria estatal se había puesto en marcha horas antes para frenar su trabajo. Ocho meses después de concluir el macrojuicio, se despejaba la primera duda: no sólo habría sentencia condenatoria generalizada, sino también detenciones inmediatas. Mejor dicho, antes incluso de darse a conocer el fallo. En torno a las 14.00 se conoció que existía orden de detención contra 46 de los ciudadanos vascos que fueron juzgados en la madrileña Casa de Campo durante más de un año.
Y ni siquiera eso frenó la actividad de los imputados. Teresa Toda, que ha ejercido junto a Mikel Korta la portavocía del grupo en todos estos meses, atendía a todos los medios de difusión posibles. Lo hacía con tono tranquilo, pero con un mensaje contundente. «Hoy nos ha tocado a nosotros, pero que nadie piense que esto es algo personal, ni mucho menos», explicaba en los micrófonos de Info7 Irratia.
En su domicilio de Villabona, junto a sus familiares, Joxe Mari Olarra esperaba también a sus capturadores. Poco que ver con el argumento del «riesgo de fuga» esgrimido por la Audiencia Nacional para desencadenar una operación policial casi sin precedentes por su extensión. Con la de ayer, Olarra suma nada menos que dieciocho detenciones. Y aunque explicaba a “Tolosaldeako Hitza” que «esta situación no se la deseo ni a mi peor enemigo», sus palabras tenían una importante carga de futuro: «El que quiere la libertad tiene que sufrir».
En Soto del Real podían dar fe de ello. Txema Matanzas se encontraba allí para visitar a su compañera Maite Díaz de Heredia, encarcelada por la redada de Segura de la primera semana de octubre. Y fue detenido allí.
Más detenciones
A lo largo del día hubo una cascada incesante de arrestos. A la medianoche estaba constatada la detención de -además de los anteriormente citados Frías, Balantzategi, Ormazabal, Olalde y Olarra- Elena Beloki, Jexux Mari Zalakain, Pablo Gorostiaga, Iker Casanova, Manu Intxauspe, Juan Mari Mendizabal, Joxe García Mijangos, Natale Landa, Iñaki OShea, Olatz Egiguren, Pablo Gorostiaga, Isidro Murga, Juan Pablo Diéguez, Xabi Otero, Mikel Korta, Jabier Salutregi, Mario Zubiaga, Rubén Nieto, Patxi Gundin, Mikel Egibar y Joxean Etxeberria.
Agencias de noticias afirmaron, citando fuentes de la Audiencia Nacional, que existe orden de arresto contra 46 de las 52 personas juzgadas (tres de ellos -Ane Lizarralde, Imanol Iparragire e Iker Beristain- ya estaban en prisión por otras causas). Afirman pues que sólo quedarán libres Maite Mendiburu, Oiakue Azpiri, Marta Pérez, David Soto, Jaime Iribarren y Joxerra Antxia, aunque todo está en entredicho. Y es que el letrado de la defensa Kepa Landa reveló en Radio Euskadi que desde el tribunal especial español se les había dado a entender que no habría detenciones, sino que todos serían citados este mes para notificarles la sentencia. La Audiencia Nacional justifica los arrestos, al parecer, por el volumen de las penas y aludiendo, como es habitual, al «riesgo de fuga».
«Esto tiene precedentes sólo cuando los vascos están en medio», resaltó Landa.
Rubalcaba conoce el fallo
El fallo no ha sido difundido públicamente, pero el ministro del Interior español no dudó en revelar que lo conoce. En una comparecencia en la localidad alemana de Werner -donde se encuentra por una cumbre de ministros del Interior-, Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que «hay una serie de condenas altas por “colaboración” y por “pertenencia a banda armada”. Una vez comunicado el fallo, la Policía y la Guardia Civil están llevando a cabo de forma coordinada las detenciones, que espero que concluyan en las próximas horas», puntualizó.
Desde el PP no tardaron en llegar muestras de satisfacción. El secretario general en la CAV, Carmelo Barrio, habló directamente de que «si la Justicia funciona así, cada día ETA estará más cerca de su fin».
Batasuna pide «una barricada»
Con diferentes matices en el tono, los partidos vascos denunciaron o criticaron la noticia de las detenciones, preludio de la sentencia. Lo hicieron también con diferente contenido.
Batasuna hizo pública una nota en la que considera estas detenciones «muy graves» y las liga con la operación «diseñada por PSOE y PNV» para tratar de debilitar al independentismo y para neutralizar su Propuesta de Marco Democrático. Hizo un llamamiento concreto: «Es hora de poner una barricada contra estos ataques y de dar una respuesta firme».
Iñigo Urkullu, que hoy será elegido presidente del PNV, optó por remarcar que la orden judicial «es un paso más en el camino hacia el descrédito que una parte de la Judicatura ha decidido seguir» y «un episodio más del pasado que no resiste contraste con los procedimientos judiciales de una democracia asentada». Añadió que durante el proceso ha habido «irregularidades» y que «algunas de ellas han llegado a incumplir la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal y han sido denunciadas por asociaciones y consejos de la abogacía».
EAE-ANV, por su parte, incidió en que «se equivocan si piensan que su problema es la izquierda abertzale. El problema de fondo lo tienen con este pueblo. Zapatero sabe que Euskal Herria es un pueblo que no puede destruir y que, si lo intenta, fracasará como sus antecesores».
Desde EA, su portavoz, Onintza Lasa, enmarcó lo ocurrido en la pugna PSOE-PP para «buscar votos o réditos políticos y para demostrar quién es el más fuerte». Esta misma fue la interpretación de Nafarroa Bai; desde la coalición habló Maiorga Ramírez, presidente de EA en Nafarroa, que dijo que la tesis del «todo es ETA» del juez Garzón «no tiene pies ni cabeza» pero «es de muy fácil venta en el resto del Estado».
Oskar Matute, parlamentario de EB, añadió que los arrestos pretenden «alimentar la tensión, generar más crispación y seguir avanzando en la línea dela judicialización de la política a que nos viene acostumbrando la Audiencia Nacional». Desde Aralar se definió esta redada como «un paso más en la aberración jurídica de este proceso».
Protestas, ayer y mañana
Los imputados del 18/98 ya adelantaron hace semanas la convocatoria de una gran manifestación -mañana a las 12.00 desde la Plaza Aita Donostia de Bilbo- y un paro de una hora contra la sentencia. Pero ya por la tarde de ayer en las localidades de los detenidos proliferaron las movilizaciones.
Así, en Elgoibar salieron a la calle espontáneamente 120 vecinos; en Agoitz, 100; en Ordizia, 350; en Etxebarri, 25; en Deba -la localidad de Jokin Gorostidi, fallecido en el transcurso de este proceso-, 60; en Bergara, 200; en Azpeitia, 70; en Getaria, 45; en Lezo, 100; en Aramaio, 33; en Gasteiz, 1.500; en Alde Zaharra de Donostia, 200; en Bermeo, 60; en Arrasate, 400; en Larrabetzu, 25; en Atxondo, 25; en Erromo, 70; en Algorta, 250; en Lezo, 100; en Durango, 250; en Errenteria, 250; y en Zornotza, 180. En muchos sitios las protestas se solaparon con las del último viernes de mes.
Una de las movilizaciones más significativas fue la de Bilbo, donde se reunieron 1.000 personas. A la cabeza iban dos de los encausados pendientes de detención, Txente Askasibar y Mirian Campos, lo que provocó saludos muy emotivos, más aún cuando varias furgonetas policiales hicieron acto de presencia en el lugar, aunque finalmente se quedaron en la plaza de Abando. Si querían proceder a las detenciones, quedó claro que trataban de hacerlo con el menor número de testigos posibles. En esta ocasión, y pese a hacerse a plena luz del día, no hubo comunicación previa a los medios para que grabasen los arrestos.
Askatasuna fue una de las organizaciones que animaron a salir a la calle en una nota de prensa en la que recordó el proceso de Burgos. «37 años después, Euskal Herria ha conocido un juicio que tiene la misma base que aquél; un juicio a todo un pueblo, que hay que ubicar en una situación de auténtico estado de excepción».
La Ejecutiva del sindicato LAB se reunió de modo urgente tras conocer las detenciones. En un comunicado, habló de que «estamos ante una razia represiva propia de estados fascistas». Indicó que «hoy más que nunca es necesario responder a la represión», pero que al mismo tiempo se requiere «reforzar nuestro compromiso con un cambio político que ponga bases sólidas a un marco democrático en nuestro pueblo». Entre los detenidos hay dos liberadas de LAB -Teresa Toda y Natale Landa- y un delegado -Joxe Mari Olarra-, según resaltó.
También desde el ámbito sindical, ELA calificó la redada como «una barbaridad» que muestra que la Audiencia Nacional actúa «como un tribunal de excepción, que recuerda al TOP franquista». Mostró su solidaridad con los arrestados y anunció convocatorias de protesta que definirá el lunes. STEE-EILAS también censuró una acción que considera «exponente de la politización de la Justicia» y ejemplo de la «loca competencia entre PSOE y PP por demostrar quién hace la mayor». El detenido Mario Zubiaga es miembro del sindicato.
El Grupo de Trabajo 18/98+ avanzó su repulsa por este «injusto castigo adelantado» y esperará a conocer el fallo.
