Gara. Representantes de los concejos y de las organizaciones ecologistas explicaron ayer a los grupos junteros de Araba las razones de su frontal rechazo a la central térmica de ciclo combinado proyectada en Lantaron. El presidente de ACOA, Javier Argote, pidió a las Juntas que formen parte de la comisión de garantías de una posible consulta en los pueblos afectados.
En la Comisión de Medio Ambiente de Juntas Generales de Araba, y a petición de Ezker Batua, comparecieron ayer el presidente de la Asociación de Concejos de Araba (ACOA); vecinos de las Juntas Administrativas de Leziñana y Molinilla; y representantes de las organizaciones ecologistas Eguzki y Ekologistak Martxan.
Se les había pedido que expusieran sus planteamientos sobre la construcción de una central térmica de ciclo combinado en Lantaron, los impactos que produciría y la posibilidad de realizar una consulta popular. Y lo hicieron, aportando gran número de datos y sin escatimar críticas a la actitud de instituciones, responsables políticos y medios de comunicación.
Referéndum, último eslabón
La planta de Lantaron está proyectada en terrenos de la Junta Administrativa de Leziñana. Esta entidad local creó una comisión informativa, y fue una representante de este órgano quien trasladó ayer a las Juntas la preocupación de sus vecinos ante este proyecto.
Belén Lorbada achacó la posible presencia de la empresa Gas Natural en Leziñana a «la llamada de nuestro ayuntamiento; al beneplácito de la Diputación y sus partidos; y al plan energético del Gobierno Vasco que parte del falso supuesto de que hace falta más energía». La vecina de Leziñana lanzó duras críticas a los grupos políticos «con capacidad de gobernar la Diputación», por votar «no» a todas las iniciativas para detener el «atropello» de la térmica, y anunció que los 60 vecinos que residen en la localidad «vamos a realizar un esfuerzo descomunal por denunciar la falta de capacidad de los políticos para generar la riqueza y los recursos necesarios, sin hipotecar el futuro de sus hijos».
Junto a ello, pidió a los grupos junteros que no utilicen el referéndum -del que dijo que es el «último eslabón de la cadena de la democracia y de la razón»- como un escudo «al pasar al pueblo la responsabilidad que les hemos dado de decidir, de decidir bien y decidir por un futuro mejor».
En representación de la Junta Administrativa de Molinilla, muy cercana al posible emplazamiento de la central, intervino Angel Fernández de Labastida, que defendió sobre todo la importancia de la agricultura ecológica, reconocida internacionalmente como herramienta para hacer frente al cambio climático, y denunció que la CTCC invalidaría esa herramienta en Lantaron y en todo Añana. Fernández de Labastida subrayó que en este tipo de producción agrícola no sólo no se pueden utilizar productos químicos, sino que no pueden encontrarse en las fincas productos como los que emite el tipo de central previsto para Lantaron, por lo que afirmó que «sería bastante complicado que en el futuro pudiéramos inscribirnos y continuar con esta actividad».
El presidente de ACOA se centró en la información y la consulta popular, las dos demandas que han venido realizando a las instituciones desde que se conociera este proyecto. Javier Argote denunció que ni el Ayuntamiento de Lantaron ni la Dipu- tación de Araba han informado sobre los impactos ambiental, sanitario y agrícola o sobre la situación del río Ebro, «porque se han limitado a hablar de los posibles impactos económicos positivos de esta central». Considera Argote que la información a la población afectada por una decisión tan importante como ésta «debe ser prioridad» para todas las instituciones.
El presidente de ACOA, organización que ha asumido la labor de informar a la ciudadanía, organizando charlas y jornadas, denunció la «hipócrita actitud, falta de sensibilidad y ataque a la inteligencia de los habitantes» que supone hurtarles la información y la posibilidad de tomar parte en la decisión.
Argote pidió a las Juntas Generales de Araba que formen parte de la comisión de garan- tías que sería necesaria para celebrar una consulta popular «porque esto supera el ámbito municipal y porque se lo hemos pedido al Ejecutivo foral y nos ha dicho que no». Sin embargo, manifestó su esperanza de que esta central no se llegue a instalar, por lo que reiteró a los grupos un ruego: «No nos impongan este modelo de central, que va a hipotecar nuestro futuro en todos los sentidos. Las CTCC no son el futuro».
Argumentos desde la ecología
Alberto Frías, de Eguzki, y Andrés Illana, de Ekologistak Martxan, pusieron sobre la mesa los argumentos de la lucha ecologista contra las centrales térmicas de ciclo combinado, y en concreto contra la ubicación de una de estas instalaciones en el municipio de Lantaron, desmontando el máximo argumento de los defensores de esta térmica: la supuesta necesidad de más producción energética.
Alberto Frías recordó que, a pesar de que las CTCC son más eficientes que las centrales de carbón o fuel, «su impacto es brutal». Negó además que fuera necesario aumentar la producción energética, porque «hay el doble de capacidad de energía eléctrica de la que fue necesaria el día en que se dio el pico de mayor demanda». Y, como el resto de comparecientes, desmontó el argumento de la autosuficiencia energética, «porque tendrán que importar el gas natural que utilizará la central».
Andrés Illana denunció sobre todo el aumento de la temperatura del agua que producirá la central en un río, el Ebro, cuyas aguas ya sufren la incidencia de la actividad de la central nuclear de Garoña; y los problemas medioambientales de la ubicación elegida para esta CTCC.
Así, recordó que en Lantaron, Berantevilla, Rivabellosa y Miranda hay una gran acumulación de empresas peligrosas, y que se sitúa al lado del río Ebro, en zona LIC, sometida a planes de gestión para la protección de especies animales en peligro y con el añadido del riesgo del mejillón cebra, «que se multiplica mejor en aguas calientes».
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