Frente a la consigna «quien contamina paga» propugnamos «el que paga decide», y los ciudadanos lo hemos dicho claro, alto y en numerosas ocasiones: ¡Incineradora no!

En el largo litigio que enfrenta a los ciudadanos guipuzcoanos con algunos partidos políticos que pretenden imponer una incineradora que luego nadie desea en su municipio, parece que J.J. Imaz se ha vuelto a quedar solo en su propuesta de no impedir y no imponer. Es más, la estrategia de algunas mancomunidades que gestionan los residuos va en sentido contrario a los postulados del dimitido «michelín» y se basa en el «impedir para imponer la incineradora».

Impiden a la insumisa Mancomunidad de S. Marcos destinar sus residuos a otros vertederos para así imponerle la incineradora que de otra manera no acepta. Curiosa manera de ejercer el chantaje, «el chantajista chantajeado».

Primeramente PNV y PSOE imponen cerrar el vertedero de S.Marcos para, una vez llegada la fecha, ser ellos mismos los que impiden que dicho cierre se lleve al efecto, con la excusa de que los nuevos gestores de la mancomunidad no «tragan» la incineradora.

Así se «matan dos gaviotas de un tiro»; donde antes había un problema -olores en el vertedero- ahora hay otro problema añadido: ¿A dónde llevar la basura?.

Mientras tanto, los ciudadanos afectados de Beraun y alrededores -manifestantes de primera división- son utilizados como cobayas y «protestantes útiles» en la particular guerra que PNV y PSOE mantienen con los partidos anti-incineradoras.

El PNV y el PSOE chantajean a los actuales gestores de S. Marcos y les dicen que sin incineradora en Zubieta no hay «solidaridad» por parte del resto de vertederos guipuzcoanos. Curioso concepto de la solidaridad el que profesan estos partidos. Se trata de la tan cacareada «solidaridad con-partida», esto es, los vertederos aceptan los residuos de Donostialdea durante tres años y, como «contrapartida», Usurbil y Lasarte se tragan la «cadena perpetua» de la incineradora de por vida. Eso sí, la solidaridad de S. Marcos -demostrada durante 25 años recibiendo la basura de Txingudi sin contrapartida alguna- no sirve de atenuante para semejante condena.

Y todo esto aderezado con trampas trileras al estilo de «el 50% de la basura de Donostialdea ya se destina a otros vertederos», cuando la realidad es que han estado engañando a los ciudadanos y que ese trasvase de residuos no ha llegado al 20% de lo prometido.

El panorama se completa con el alcalde de Donostia que, cual converso apóstol -Pablo, al parecer amigo de Marcos-, predica un día su no rotundo a la incineradora por ser «una imposición inadmisible» y al poco tiempo se convierte a la fe de la causa incineradora, al parecer gracias a las contrapartidas que recibe de Diputación y Gobierno vasco de no bloquear sus proyectos «estrella». Un alcalde que vota a favor de la incineradora y en contra de la opinión de sus conciudadanos, que en un 65% se mostraron contrarios en una encuesta encargada por él mismo.

Y mientras tanto los ciudadanos guipuzcoanos están en fuera de juego, presenciando el rifirrafe entre los partidos a través de los medios de comunicación. Parte de la culpa de esta situación la tenemos los movimientos sociales por haber «depositado» el peso de la estrategia anti-incineradora en los políticos, por muy «alternativos» que sean.

El éxito y el valor de la movilización guipuzcoana contra las incineradoras ha residido en el carácter plural y cívico de dicho movimiento.

Esa fuerza ciudadana ha sido capaz de obligar a alcaldes del PNV, PSOE y EA a rechazar la incineradora en sus municipios, y ése es el valor a rescatar en la actual coyuntura, reanimar la movilización ciudadana.

En una coyuntura en la que la falta de democracia es patente -ilegalizaciones electorales en Donostia,Tolosa, Astigarraga, Juntas Generales…- no se puede estar a la espera de lo que den de sí los porcentajes electorales. Hay que recobrar el protagonismo y la movilización de los ciudadanos, pues es la única vacuna eficaz frente al chantaje y la imposición de los políticos.

Los ciudadanos hemos de ser soberanos para decidir qué tipo de tratamiento queremos para nuestros residuos. Frente a la consigna «quien contamina paga» propugnamos «el que paga decide», y los ciudadanos lo hemos dicho claro, alto y en numerosas ocasiones: ¡Incineradora no!