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Proceso farsa en la elaboración de un plan socioeconómico para Busturialdea

El pasado 22 de enero, el todavía entonces lehendakari Urkullu anunció que las administraciones públicas se tomarían un plazo de dos años para reflexionar sobre la viabilidad del proyecto Guggenheim Urdaibai. Esta declaración levantó ampollas y provocó posicionamientos de muy distinta índole, a uno y otro lado. Cuatro días después, y ante aquella situación, PNV y PSE no tuvieron más remedio que presentar en el Parlamento Vasco una propuesta para la elaboración de un plan económico para la regeneración de Busturialdea; un plan, decían, en cuyo proceso inicial tomarían parte agentes sociales y económicos de la comarca.

En los meses siguientes, debido a las elecciones, no hubo más noticias al respecto, hasta que el pasado 9 de mayo la periodista Aitziber Atxustegi detalló en el diario Deia los pormenores del plan. Entre otras cosas, afirmaba que se optaría por la misma metodología que se ha seguido en las áreas denominados Zonas de Acción Prioritaria (ZAP); es decir, se realizaría un “proceso participativo amplio” que “tenga en cuenta a los factores relevantes de la región”. Además, recogía las siguientes afirmaciones: “el plan se desarrollará en un plazo de siete meses y medio, y se hará a través de un proceso participativo en el que podrán tomar parte agentes significativos de Busturialdea (instituciones públicas, empresas, sociedad y conocimiento), en el que se desarrollarán diversas fases y en el que la sociedad pública BEAZ, adscrita al Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, será la encargada de su elaboración”.

El pasado 26 de junio, la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop recibía una invitación para participar en el Plan Estratégico de Urdaibai. La sociedad pública BEAZ dejaba en manos de Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad (iniciativa de la Universidad de Deusto, desarrollada a través de la Fundación Deusto) los trabajos de la primera fase, y es esta última organización la que se ha puesto en contacto con nuestra Plataforma. Nos proponían realizar una entrevista siguiendo un guión preestablecido de seis preguntas, con el fin de conocer el punto de vista de “diferentes agentes y autoridades municipales”.

Las preguntas en cuestión son muy generales, y lo mismo pueden servir para cualquier otra zona deprimida de Euskal Herria; tal es así, que ni siquiera llega a mencionarse el proyecto Guggenheim Urdaibai. Por otro lado, en el primer mensaje que recibimos por parte de Orkestra no se detallaban los pasos que se seguirían en el proceso, ni quiénes tomarían parte en él, ni cuáles eran sus objetivos, por lo que les pedimos que nos aclararan todos esos aspectos.

A la espera de la respuesta, el Grupo Dinamizador de la Plataforma puso en marcha una reflexión interna para analizar, entre otras cosas, su legitimidad en un proceso de este tipo y cómo debiéramos actuar ante las diferentes respuestas que podíamos recibir de Orkestra.

El 5 de julio recibíamos el segundo correo electrónico por parte de Orkestra con respuestas a todas nuestras preguntas. Según se nos explicaba, se trataría de un proceso de una sola fase, es decir, Orkestra se reuniría una sola vez con cada uno de los agentes que aceptaran participar; por lo que descartaba la posibilidad de un foro común para la reflexión y el debate entre los diferentes participantes.

En cuanto a la participación, todos los alcaldes de Busturialdea serían invitados a participar en el proceso, así como varias organizaciones y asociaciones (ADR Urremendi, Behargintza de Bermeo, AZTI, diversos centros educativos —Gernika, Barrutialde, Bermeo—, la Cofradía de Pescadores de Bermeo, Tuna Worl Capital de Bermeo, UBAI Faktoria y el Urdaibai Patronato de la Reserva de la Biosfera).

En relación con los objetivos de las entrevistas, las respuestas se recogerían en un informe que sería remitido a la Diputación Foral de Bizkaia. En el informe se incluirían los nombres de las personas y agentes entrevistados, con lo que se dejaría constancia de que se les ha consultado su opinión sobre la comarca. Por otro lado, se recogería la «síntesis» de las respuestas a las preguntas, «sin citas literales». En cuanto al plazo de entrega del informe, en un principio nos dijeron que tenían que prepararlo para finales de julio, pero, según el último mensaje, tenían que terminarlo para la semana del 15 de julio. Ese informe es el que sería finalmente utilizado por la Diputación Foral de Bizkaia para elaborar el citado plan estratégico.

La plataforma Guggenheim Urdaibai Stop ha analizado la situación con gran sentido de la responsabilidad y de la corresponsabilidad. Con responsabilidad, porque hemos reivindicado una y otra vez la necesidad de iniciar un proceso para hablar del futuro de Busturialdea. Con corresponsabilidad, porque sabemos que muchos agentes e individuos de la comarca y de fuera de la comarca han dejado en nuestras manos la tarea de PARALIZAR el proyecto Guggenheim Urdaibai, apoyando a la plataforma tanto en la calle como en lo económico.

Para la realización de este análisis se han tenido en cuenta, entre otros, los dos puntos señalados en la moción que hemos presentado en los últimos meses en los Ayuntamientos de Busturialdea, también recogidos en el punto 5 de nuestra declaración pública:

● [Pedimos al Ayuntamiento] Pedir a la Diputación Foral de Bizkaia, al Gobierno Vasco y a la Fundación Guggenheim, que retiren definitivamente el proyecto Guggenheim Urdaibai.

● Comprometerse a elaborar un plan socioeconómico serio de revitalización de la comarca, con un diagnóstico real y en el marco de la Reserva de la Biosfera, priorizando a la ciudadanía y el medio ambiente. Además, alejarse de los modelos impositivos imperantes para abordar otro modelo de gobernanza, con los ayuntamientos como protagonistas, junto con los agentes de la comarca y promoviendo la participación pública.

Por todo ello, la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop ha decidido no participar en el proceso que ha puesto en marcha la Diputación Foral de Bizkaia a través de Orkestra.

Entre los argumentos utilizados en la reflexión se encuentran los siguientes:

● Este no es el proceso participativo que la comarca está demandando. Entre los invitados están los partidos políticos (alcaldes) y las instituciones públicas, pero no los agentes que conocen mejor que nadie la situación económica de nuestra comarca (sindicatos) y los colectivos de personas (movimientos juveniles) que en el futuro serán afectadas más que nadie con las decisiones que ahora se toman, ni las asociaciones que se han preocupado durante muchos años de la dinamización de Busturialdea. Por otra parte, este proceso no tiene en cuenta la participación individual de la ciudadanía (como señaló recientemente el catedrático Ramón Zallo, «el derecho a la consulta, aunque no llegue a ser el derecho a decidir, corresponde al más afectado», Viento Sur, 03-07-24).

Además, en el informe no se podrán leer las respuestas concretas de los participantes, por lo que no habrá manera de identificar la respuesta de cada agente. Por último, no se plantea un foro de reflexión colectiva.

● Las preguntas propuestas como guión para la entrevista son de carácter muy general y no hay cuestiones concretas sobre el Museo, algo que nos parece inexplicable. El objetivo de esta Plataforma es claro y conocido: pedimos la paralización del proyecto Guggenheim Urdaibai y estamos trabajando para ello. Si en las preguntas no se hace ni una sola mención a este proyecto, ¿cuál es nuestro papel en este proceso?

● Hemos denunciado una y otra vez el modelo de gobernanza poco transparente y autoritario que están utilizando la DFB y el GV en torno a este proyecto. Pues bien, una vez conocida la metodología de este proceso participativo, es evidente que siguen con el mismo modelo: los participantes han sido elegidos por la Diputación, no por la aportación que puedan hacer, sino por la conveniencia o no de dicha aportación. Nosotras estamos aquí para luchar contra un proyecto que destruye el medio ambiente y hundirá la comarca, no para ayudar a la Administración a cumplir sus objetivos del “si o sí” al Museo Guggenheim.

● A través de las preguntas que plantea Orkestra es fácil anticipar las principales conclusiones que se recogerán en el informe: la comarca necesita un proyecto de transformación económica que respete al medio ambiente y a la ciudadanía “lo más posible” (no del todo), es decir, cuidando la sostenibilidad de la Reserva de la Biosfera pero con un beneficio económico previo.

Evidentemente, estas conclusiones no justifican en absoluto la implantación del proyecto Guggenheim Urdaibai en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

En nuestra opinión, el único objetivo de este proceso es ratificar la postura de la DFB y del GV y lograr el reconocimiento social necesario para avanzar “sí o sí” con el proyecto, es decir, evitar lo que la ciudadanía ha dicho en las elecciones y conseguir el reconocimiento del proyecto Guggenheim Urdaibai por otra vía.

La plataforma Guggenheim Urdaibai Stop no va a entrar en este juego. Como se ha dicho, todos los agentes socioeconómicos de la comarca tienen que tener la oportunidad de participar en el proceso, el debate debe ser abierto y constructivo, y antes de empezar, hay que quitar explícitamente el proyecto Guggenheim Urdaibai de la mesa. Y lo que se ha hecho ha sido todo lo contrario.

Si participáramos en la ronda de conversaciones impulsada desde la Diputación, legitimaríamos un proceso planteado mal y de forma interesada y las conclusiones que se extraen de él, y no estamos dispuestas a ello. Por el contrario, si se hace un proceso participativo real y se observa que nuestra aportación puede ser útil, estaremos allí, dispuestos a trabajar, reflexionar y debatir, para empezar a construir un futuro digno y sostenible para Busturialdea junto con las instituciones de la comarca, los agentes socioeconómicos y la cuidadanía. Mientras tanto, no vamos a permitir a los dirigentes políticos ni a las administraciones públicas utilizar la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop en defensa de sus intereses.

Guggenheim Urdaibai Stop plataforma

SATLANTIS y la nueva industria militar vasca que fabrica las guerras

Gasteizkoak_Hace ya casi año y medio el periodista Ahoztar Zelaieta nos mostraba la cara menos conocida de la que últimamente se nos presenta como la estrella de las empresas emergentes vascas del ámbito de la innovación tecnológica: Satlantis. Su artículo La empresa vasca para la vigilancia de fronteras que desarrolla la infraestructura militar europea, publicado por Hordago, detallaba las profundas implicaciones de Satlantis en los sectores militares y de control social, su relación incluso con el Departamento de Defensa estadounidense, así como los apoyos y subvenciones recibidos por las diferentes administraciones vascas.

Partiendo de esa base, en este análisis queremos profundizar en otros aspectos relacionados con Satlantis, porque creemos que constituye un buen ejemplo para conocer los parámetros en los que se mueve en la actualidad una parte de la industria militar vasca. Una industria que contribuye cada vez en mayor medida a que las guerras activas en otras partes del globo empiecen aquí, porque los artefactos que las hacen posibles se fabrican aquí. Y es que en los últimos diez años el número de empresas vascas involucradas en el sector armamentístico se ha más que duplicado, y son ya bastantes más de 200.

La primera pregunta que queremos responder es la siguiente: ¿Cómo es posible que una empresa constituida en diciembre de 2014 estuviera siete años después consiguiendo nuevos accionistas que invierten decenas de millones de euros, recibiendo subvenciones de todas las administraciones públicas, coordinando programas de Defensa de la Unión Europea, adquiriendo empresas y hasta abriendo filiales en diferentes zonas del planeta?

De lo público a lo privado

Empecemos por ver quiénes fueron los tres socios fundadores de Satlantis. Uno fue Rafael Guzmán, profesor de astrofísica andaluz afincado en la Universidad de Florida, y que es el cerebro desarrollador de la tecnología que hará famosa a Satlantis. Pero personas investigadoras con grandes proyectos hay muchas, y lo frecuente es que esos proyectos no pasen de ahí. ¿Dónde está la clave para que los del profesor Guzmán sí? En los otros dos socios fundadores. Por una parte, la donostiarra Cristina Garmendia, exministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante el segundo mandato (2008-2011) de José Luis Rodríguez Zapatero y recientemente nombrada presidenta del gigante mediático Mediaset España (Telecinco, Cuatro), entre otros muchos cargos. Por otra, el bilbotarra Juan Tomás Hernani Burzaco, Secretario de Estado de Innovación bajo el mandato de, precisamente, Cristina Garmendia, y director ejecutivo de Satlantis desde su creación.

El origen de todo hay que ubicarlo en 2011, cuando la entonces ministra de Zapatero conoció en uno de sus viajes oficiales al profesor Guzmán y su proyecto (por aquel entonces vinculado a la Universidad de Florida). Posteriormente, Garmendia puso a Guzmán en contacto con Hernani y con SILO Science & Innovation Link. SILO, una consultora creada en 2012 y que nació, según se puede leer en su página web “con la vocación de impulsar la innovación a través de colaboraciones público privadas”, apoyó la creación de Satlantis, y se convirtió en socio fundador con representacion en su consejo de administración.

Un par de detalles importantes. Primero: ¿Quién fue una de las personas que crearon SILO? Cristina Garmendia. Garmendia dejo el consejo de administración de SILO tras siete años, en 2019, el mismo día que entraba en él su hija Teresa Itziar Celaya Garmendia. Continuaría en el consejo su marido, Rubén Celaya Martínez, que había entrado en 2014. En segundo lugar: entre los socios fundadores de SILO se encontraban también Antonio López y Diego Moñux, que fueron asesores del gabinete de Garmendia en su época de ministra. López entró más tarde, en 2015, en el Consejo de Administración de Satlantis. Y Moñux, además, había compartido asiento con Hernani en el consejo de administración de la entidad pública del Gobierno de España que promueve la investigación y desarrollo de las empresas, el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), entidad que depende, precisamente, del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Recapacitemos: Garmendia y Hernani Burzaco son ministra y alto cargo respectivamente del Ministerio de Ciencia en Innovacion durante los años 2008-2011. En 2014 crean (junto al profesor Guzman) la empresa Satlantis, gracias al impulso de la consultora SILO, que entra en el consejo de administracion de Satalantis. SILO fue creada en 2012, es decir en la época en que Garmendia y Hernani trabajaban en el ministerio, por, entre otras personas, la propia ministra junto a Antonio López y Diego Moñux, asesores del mismo ministerio.

No sabemos si a todos esos vasos comunicantes entre sociedades públicas, ministerios, empresas privadas y sus altos cargos se le puede llamar «puertas giratorias». O quizás habría que buscar otro término para cuando una ministra y buena parte de su gabinete crean y dirigen una empresa que, además, comienza rápidamente a recibir apoyo institucional.

Tampoco sabemos si es legal o no, pero conocemos la habilidad de Hernani Burzaco (CEO de Satlantis desde el inicio) para sortear cuestiones parecidas, pues ha sido señalado tanto por presuntamente mediar para que una empresa recibiera dinero de su propio Ministerio, como por presuntamente desviar dinero público a empresas de su familia, esto último durante su etapa anterior de director (y fundador) de Eurobulegoa, que posteriormente se integraría en Innobasque. Precisamente en Innobasque, mientras él era director general, la consejera ejecutiva era Cristina Garmendia.

Subvenciones públicas y respaldo político

Satlantis nació en diciembre de 2014, y antes de dos años había conseguido reunir 2,3 millones de euros para su proyecto. Por una parte, gracias a inversores privados de relumbrón como Elecnor, Idom, Telefónica o Everis-NTT. Por otra, mediante inversiones de instituciones y organismos públicos estatales y autonómicos como el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia. Y también de Orza, entidad de inversión de los fondos de pensiones Elkarkidetza y Geroa. Es decir, que de una forma directa o indirecta (vía impuestos o pensiones) gran parte de la población vasca está apoyando a esta nueva estrella de la industria militar vasca casi desde sus inicios.

Garmendia, Hernani y los directivos de Satlantis saben moverse en la esfera pública no solo en busca de finanzas. En una fecha tan temprana como marzo de 2017, el lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera Arantxa Tapia realizaron una visita pública a las oficinas de la empresa en Getxo. Unos meses después Satlantis anunciaba un acuerdo con la red de Parques Tecnológicos de Euskadi para instalar una nueva fábrica en Leioa, en el Parque Científico de la UPV/EHU, en una planta de 640 metros cuadrados. La fábrica se inauguró oficialmente en enero de 2019, contando de nuevo con la presencia de Urkullu y Tapia. La relación de Satlantis y su producción militar con la UPV va más allá aún, como se puede leer en el cuadro aparte.

En mayo de 2017 la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV/EHU y Satlantis firmaron un convenio de colaboración para cinco años, que, entre otras cosas, pretendía “promover el intercambio y contraste de ideas entre la Escuela y esta empresa tecnológica para desarrollar proyectos conjuntos”. El CEO de Satlantis, Juan Tomás Hernani, lo tiene muy claro: “Sin duda, estar cerca de la universidad nos abre las puertas al talento más joven a quien damos oportunidades de incorporarse pronto en la empresa (…) cogimos unas becas del Gobierno Vasco, mandamos a 4 jóvenes a Florida y después, esas mismas personas se incorporaron a Satlantis (…) ahora hemos abierto un capítulo donde entran las FP”, se puede leer en la web de la propia Diputación de Bizkaia. Así que no es de extrañar que a los pocos años, la empresa pública Ingeniera de Sistemas para la Defensa (ISDEFE), en la 1ª convocatoria del premio “Desafío Defensa” eligiera como comunicación ganadora a la elaborada por alguno de esos antiguos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (y desde hace años trabajando en Satlantis) por un trabajo titulado “Nueva Generación de Satélites con Tecnología Disruptiva Óptica Y Térmica para Defensa Y Seguridad”. El premio fue entregado por el almirante director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Una buena muestra de las relaciones entre las empresas tecnológicas de defensa, las instituciones vascas, los centros universitarios y de investigación y el Ministerio de Defensa, que caracteriza en la actualidad a todo un sector de la industria militar vasca.

En 2021 Satlantis volvió a buscar nuevos inversores y para finales de año ya había conseguido los 16,5 millones de euros que se había puesto como objetivo, nuevamente gracias a la colaboración público-privada. 2,5 millones los consiguió con la entrada en el accionariado de la CTDI, el organismo estatal de cuya dirección habían formado parte algunos de los miembros impulsores de Satlantis. El resto de los millones los pusieron sociedades públicas (Axis-ICO y SEPI del Gobierno de España) Orza y la empresa privada Enagas.

En abril de 2022, Satlantis consiguió nuevas inversiones por 24 millones de euros. Se repiten los inversores de 2021, a los que se suma la Diputación de Bizkaia. Pero el principal inversor en esta ocasión es la empresa estadounidense Encino Environmental Holdings (EEH). Y es que la inversión se iba a dedicar principalmente a impulsar la filial de Satlantis en EE.UU., Satlantis LLC.

Everis

Volvamos por un momento a los inversores iniciales en Satlantis. Entre las empresas privadas nos llamaba la atención una, por su conocida relación con la industria militar: Everis (hoy en día NTT Data), un grupo empresarial que desde 2010 cuenta con una sociedad dedicada a ese ramo que se denomina Everis Aeroespacial y Defensa (Everis ADS). Y Cristina Garmendia formó parte de su consejo de administración desde octubre de 2012 hasta agosto de 2019.

Everis ADS tiene un largo historial de venta de material militar, algunas de ellas especialmente llamativas. Veamos dos ejemplos. Según publicó El Periódico de España, en 2017 suministró morteros Alakrán y municiones a Emiratos Árabes y Arabia Saudí por un montante de 117 millones, a pesar de que desde 2016 diferentes resoluciones de la ONU y del Parlamento Europeo instaron a no vender armamento a Arabia Saudí por su implicación en la matanza de población civil en la guerra de Yemen. Por otro lado, en marzo de 2024 algunos trabajadores de la empresa denunciaron que, “entre las empresas que durante años han suministrado armamento al Estado de Israel, el mismo que éste usa para asesinar a miles de niños palestinos, está NTT Data (antes everis)”, comprada por Satlantis.

En enero de 2023 Satlantis compró a Everis sus negocios espaciales de Defensa y Observación de la Tierra, tras haber recibido previamente el visto bueno del Ministerio de Defensa español, de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la Comisión Europea. El responsable de Satlantis, Juan Tomás Hernani, declaró que la compra suponía “impulsar” el posicionamiento de Satlantis ante “el European Defense Fund y la ESA”.

El mercado militar como motor de Satlantis.

Y es que, efectivamente, viendo las expectativas que los desarrollos de Satlantis generaban en el ámbito militar, los anunciados 7.900 millones de Fondos Europeos para la Defensa, y los vientos de guerra que recorren buena parte del mundo, los responsables de la empresa decidieron impulsar su participación en ese sector.

Comenzó por apuntarse a los programas europeos de defensa financiados por la UE coordinando el programa Nemos, “con capacidades multifuncionales, incluida la vigilancia y el seguimiento basados en el espacio”. El consorcio de nueve compañías de cinco países agrupadas para este programa explicitaba que “pretende establecer una colaboración entre las diferentes entidades y países participantes con el objetivo de reforzar las capacidades europeas en materia de Defensa y Seguridad”. También ha coordinado el programa Optisse, y toma parte en el programa de los Fondos Europeos de Defensa Spider, cuyo objetivo es mejorar la red de satélites dedicada a inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

En 2021 Atlantis se incorpora a TEDAE (Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, verdadera patronal del sector militar español). Su ámbito de negocio se centra, entre otras, en la monitorización de “infraestructuras críticas y/o de fronteras”. Ese mismo año toma parte en FEINDEF, la feria de armamento que se celebra en Madrid, donde participa en la mesa redonda «Defensa y Tecnología Espacial», junto con altos mandos militares españoles y representantes de grandes empresas del sector, como Indra y la vasca Sener.

En abril de 2022 el CEO de Atlantis Juan Tomás Hernani afirmaba en El Correo que “en Defensa estamos en una nueva Guerra Fría” y que su empresa había decidido servir al “bando occidental”. En esa línea, y tras su experiencia con el Pentágono para ayudar a facilitar “la vigilancia y supervisión desde el espacio”, un mes después declaraba en Deia que, “es una gran noticia que tengamos inversión americana, de la NASA y el Departamento de Defensa, que están apostando por nuestro plan”. Esa apuesta provocaba, entre otras cosas, que, para su filial estadounidense, Satlantis LLC nombrara como presidente a Sean O´Keefe, quien, entre otros cargos, había sido secretario de la Marina de Guerra de Estados Unidos y fue Chief Financial Officer del Departamento de Defensa en los tiempos de George H. W. Bush.

Ya hemos visto que a principios de 2023 Satlantis compraba a Everis su actividad espacial en el área de Defensa y Observación de la Tierra. Pocos meses después acudió a la feria SpaceOps de Dubái, donde su stand estaba presidido por el lema Satlantis Defence & Security. También en esas semanas hacía público que “habían entrado en la defensa británica”, aunque sin especificar en qué proyecto o programa. A finales de ese mismo año hacía pública su alianza con Airbus para desarrollar los satélites de observación del Ministerio de Defensa español. Satélites que, explicaron, “nos permiten trabajar en temas de reconocimiento y vigilancia militar, con lo cual podemos tener capacidades muy avanzadas para identificar objetivos, monitorizar movimientos militares y también recopilar información estratégica de las operaciones de Defensa”.

En definitiva, las prioridades con las que dirigen su negocio los responsables de Satlantis están claras. Así las resumió Hernani en El Correo en abril de este mismo año: “En defensa, ahí hay un tirón clarísimo. (…) El desarrollo será en función de los anillos que marquen los gobiernos. Primero defensa, seguridad, control de fronteras.”

Concluyendo

Ante la actual espiral belicista que padecemos haríamos bien en reflexionar sobre quiénes, cómo y para qué se crean las guerras. A mediados de la década de 2010 la Unión Europea comenzó a anunciar que abriría sus fondos a la financiación de programas de “Defensa”. Como lo demuestra el caso vasco (donde desde entonces el número de empresas vinculadas a la producción militar ha pasado de menos de 100 a más de 200), y sin ser una excepción, entonces podemos datar el inicio de la actual carrera armamentística.

Los mercaderes de la muerte comenzaron a invertir en nuevos y sofisticados artilugios y sistemas armamentísticos, contando para ello con financiación pública por la vía del incremento del gasto militar, el apoyo de los estamentos políticos y educativos, y el silencio cómplice o ignorante de plantillas de trabajadores y de las poblaciones. Para cerrar el círculo vicioso y permitir pingües beneficios a esos mercaderes, sólo faltaba que estallaran guerras y se incrementaran inseguridades y miedos. Y en ello estamos.

Satlantis solo es un ejemplo de esa nueva escalada de la producción militar que nos condena a las guerras. En esa carrera, como hemos visto en su caso, quienes controlan los entresijos de las administraciones públicas, de los centros de investigación, de los núcleos de poder, y quienes a pesar de su halo científico o académico no tienen escrúpulo alguno, juegan con clara ventaja.

La guerra empieza aquí, en cada una de las empresas vascas que toman parte en esa producción, y si queremos realmente parar las próximas guerras antes de que estallen y caigamos de nuevo en la impotencia, el camino parece claro: acabar previamente con la industria que las fabrica y los mercaderes que se benefician de ellas. Hay alternativas a la industria militar y sus guerras. Es urgente desarrollarlas.

Cristina Garmendia y Berlusconi

Basta yá de vertidos en el puerto de Ondarroa

El miercoles dia17, se ha vuelto a realizar un grave vertido en el puerto de Ondarroa.
Este vertido se ha producido en la zona del carro. Que es el lugar donde se realizan las reparaciones, acondicionamientos y pintado de las embarcaciones pesqueras.
A la espera de los resultados de las investigaciones que se estan llevando a cabo se podria decir por lo evidente del caso, que este vertido es el producto del decapado de la pintura del casco de un pesquero que se encontraba subido en esos momentos en el carro. El vertido consistió en una mancha de color rojiza que cubria una amplia superficie del agua. Y el unico barco que se encontraba en esos momentos subido al carro era uno que estaba en proceso de pintado y que tenia el casco del mismo color rojizo.
Queremos denunciar públicamente que estamos artas de comprobar como la impunidad en nuestro puerto es practicamente total. Pasándose la pelota continuamente entre los gobiernos central y vasco. Sin que prosperen casi ninguna infraccion relacionada con los frecuentes vertidos de gasoil.
Tampoco es normal que se permitan realizar labores en el carro de la misma manera que se hacia en el siglo pasado, osea sin que se tomen las medidas preventivas y de seguridad necesarias para evitar que se puedan producir cualquier tipo de vertido. ¿Hasta cuando?

Las administracion española y vasca haciendo dejación de sus funciones en el ambito medioambiental, deberian permitir que el Ayuntamiento tenga un papel activo y decisorio en el presente y futuro de nuestro puerto, que aunque no lo reconozcan para nosotras es y seguirá siendo Ondarroa.

El 9 de Julio fué juzgado un compañero de Otxantegi

El 9 de julio juzgaron a un compañero de Otxantegik acusándole de “atentado, desórdenes públicos y resistencia grave” por participar en el día del desalojo.
Este compañero ha sido condenado a pagar 1.600€ de multa con 9 meses de
antecedentes penales a causa de un montaje policial.
Desde el colectivo queremos informar que por mucha represión que suframos
vamos a seguir con la lucha. No vamos a permitir que Uribe Kosta se convierta
en un manto de cemento con el fin de forrar los bolsillos de unos pocos.
También queremos recordaros que estamos a la espera de 41 multas por ley
mordaza, pero que gracias a vuestra solidaridad conseguiremos hacer frente a toda la represión.

Tierra para las que la trabajan!

El salto._Toda cocina tiene un punto de experimentación. Hay miles de recetas para consultar pero cada quien siempre pone su toque y para mejorar no hay más camino que probar, equivocarse y volver a intentarlo.

Hace dos años, con esta actitud, decidimos poner en marcha una huerta comunitaria en Berango. Recuperamos un terreno de 8 hectáreas sobre el  que planean construir más de 500 viviendas, un pelotazo urbanístico de 30 millones de euros. Así echó a andar Otxantegi Herri Lurra, con la soberanía alimentaria por bandera y convertida en trinchera en la guerra contra la especulación que arrasa Uribe Kosta.

¿Cuántos espacios naturales hemos perdido para siempre en los últimos años, sepultados por el rodillo de la especulación urbanística? Pese a todo, el acceso a la vivienda es un rompecabezas, cuando no un imposible, para la mayoría.

El actual PGOU del ayuntamiento de Berango contempla la construcción de 2.300 nuevas viviendas, casi doblar el tamaño del pueblo.

Un crecimiento para mayor gloria de las empresas constructoras y grandes propietarios, como la familia Agirre-Lipperheide.

En Otxantegi hemos conocido la alegría de juntarnos de forma diferente. Hemos intentado ser un poco más dueñas de nuestras vidas, empezando por lo que comemos.

La total desconexión con el mundo de la agricultura que sufrimos nos hace terriblemente dependientes del sistema económico. No podemos decidir qué comemos, cómo y en qué condiciones los producimos, ni dónde lo consumimos. Estamos sometidas a los caprichos del mercado, la dictadura de los hipermercados y los castigos de la inflación.

Los espacios en que encontrarnos, experimentar, crear y ensayar un mundo nuevo y posible nos son tan necesarios como el comer.
Se calcula que los sistemas agroindustriales son responsables de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además, las pésimas condiciones de las trabajadoras del sector es una constante que se repite temporada tras temporada en grandes explotaciones. Aunque parece un asunto global, el problema empieza a las puertas de casa.

Cada terreno de suelo fértil que sepultan bajo hormigón es un eslabón de la cadena que nos ata a un modelo agroindustrial profundamente injusto e insostenible. El plan de ordenación
urbana de Berango, es solo un ejemplo, prevé acabar con 40 hectáreas de espacios naturales y suelos fértiles.

El cambio con el que soñamos es mucho más grande que los terrenos que nos hemos empeñado en defender, y seguiremos luchando por hacerlo posible. Mientras tanto, estos
espacios en los que encontrarnos, experimentar, crear y ensayar un mundo nuevo y posible nos son tan necesarios como el comer.

El próximo 18 de abril quieren desalojarnos de nuestra pequeña cocina. Nosotras vamos a defenderla, porque nos va la vida en ello.

(Para entender un poco el origen de esta lucha)

El Ayuntamiento de Gasteiz se dispone a incumplir la Ley de Residuos durante varios años

El Ayuntamiento de Gasteiz se dispone a incumplir la Ley de Residuos en materia de reciclaje, pero es que, además, se dispone a hacerlo durante varios años, según se desprende de las recientes declaraciones del concejal de Limpieza, Pascual Borja.

Efectivamente, la Ley de Residuos, de acuerdo con los objetivos de la UE, establece que el porcentaje de recogida selectiva de las basuras domésticas deberá alcanzar en 2025 “un mínimo del 55%”. Sin embargo, en Gasteiz no alcanza el 39%. Por tanto, hace ya mucho tiempo que el Ayuntamiento de la Green Capital debería haber adoptado medidas, pero no lo ha hecho. Y ahora el concejal dice que lo va a hacer, que limitará la apertura del contenedor gris, en el que se introducen los residuos mezclados, pero “nunca antes de octubre de 2026”.

Es decir, en 2025 incumplirá la Ley, pero también en 2026 y, ojo, que el mero hecho de limitar la apertura del contenedor gris no garantiza en absoluto que se alcance un mínimo del 55%. Nos ponemos, pues, en 2027, cuando, en realidad, ya sería el momento de empezar a pensar en medidas suplementarias, porque la propia Ley de Residuos dice que, para 2030, no será suficiente el 55%, sino el 60%.

Como si quisiera quitarle importancia a la magnitud del incumplimiento, el concejal dice, “como dato positivo”, que la orgánica es la única fracción de residuos en la que Gasteiz suspende, pues en envases, papel y demás está por encima de los parámetros que marca Europa. Sí, claro, lo que pasa es que esa fracción que es “la única que nos afea” representa alrededor del 45% del total de residuos sólidos urbanos. Vamos, Gasteiz solo “suspende” en la recogida selectiva de… casi la mitad de sus residuos.

Cumplir los mínimos de recogida selectiva estipulados por la Ley de Residuos viene a ser algo así como la prueba del algodón de las políticas ambientales. Estas no se limitan a los residuos sólidos urbanos, lógicamente, pero si en algo tan básico no se cumplen esos mínimos, cualquier discurso sobre el compromiso con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y demás pierde credibilidad, incluso en la Green Capital o, quizá, en la Green Capital más que en cualquier otra ciudad.

EGUZKI, julio de 2024

Concurso literario «Etorkizun bizigarriak irudikatzen», imaginando futuros vivibles

No nos cuesta imaginar distopías en las que el cambio climático o las nuevas enfermedades tienen un papel protagonista. Más difícil nos resulta imaginar utopías sobre la base de las ventanas de oportunidad que toda crisis, como la actual, genera: relaciones ecofeministas, la colectivización de los bienes de producción, una transición energética justa…

Precisamente para espolear esa imaginación en positivo, Sukar Horia ha organizado un concurso literario en varias modalidades, siempre en lengua vasca.

Toda la información, en la versión en euskara de este mismo texto.

El nuevo proyecto de bidegorri entre Errekalde y Galarreta mantiene la anchura insuficiente, aunque elimina los pasos más estrechos

Según el proyecto, el bidegorri se construirá adherido al borde izquierdo de esta carretera.

La Diputación vuelve a someter a información pública el proyecto de bidegorri Errekalde-Galarreta, que ya fue sometido a este mismo trámite ahora hace justo un año, pero que ha sido modificado. Comparado el proyecto original con el actual, tenemos dos noticias, una buena y otra mala, como en los chistes.

Empezamos por la mala, que nos parece la más relevante: el proyecto mantiene los 3 metros de anchura. Sin embargo, tanto el Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa como el Manual de Vías Ciclistas de Gipuzkoa establece que la anchura para un bidegorri de doble dirección compartido entre ciclistas y peatones, como este entre Errekalde y Galarreta, ha de ser de 4 metros. A menor anchura, más fricciones entre peatones y ciclistas, obviamente.

La buena noticia es que esos 3 metros no se reducirán en algunos puntos incluso a 1,80 metros, como preveía el proyecto original. Ello ha sido posible gracias a que se ha flexibilizado uno de los criterios de diseño del bidegorri, que, tal y como denunciamos, era no afectar en absoluto a los terrenos militares de Lore Toki. La comparación entre lo que decía el proyecto original y lo que dice el actual es elocuente:

Es decir, que la anchura totalmente insuficiente del proyecto original se debía a que se había encajado de mala manera entre la carretera GI-2132, intocable, y una finca militar igualmente intocable. En este proyecto modificado las condiciones se han flexibilizado. Al menos de la memoria del proyecto han desaparecido las referencias a estrechamientos incluso hasta los 1,80 metros.

Por lo demás, como puede verse, no hay muchos cambios:

Quizá el más relevante es que el bidegorri no llegará a la rotonda de Galarreta, sino que se quedará un poco antes, en la muga del “Ámbito de Galarreta”, donde el Ayuntamiento de Hernani tiene un proyecto que incluye también su correspondiente bidegorri.

Junto a la alegación de la anchura, presentamos en su día otras relacionadas con el medio natural, porque está previsto que la construcción del bidegorri afecte a una zona de robledal y nuestro deseo sería que la intervención fuese quirúrgica, limitando los daños a los estrictamente imprescindibles.

UN RETRASO NOTABLE

El bidegorri Errekalde-Hernani (Galarreta) es uno de los muchos contemplados en el Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa que siguen pendientes, a pesar de que debían estar ya en servicio. Este en concreto, desde 2021.

Daba la sensación incluso que el propio Departamento de Movilidad se había olvidado de él, hasta que, hace algo más de tres años, pasó a primer plano, después de que lo reivindicara públicamente la directora de Chillida Leku, Mireia Massagué. Como consecuencia, en enero de 2021, el Departamento anunció que la parte del bidegorri que permitiría llegar al Museo estaría construida para el verano de 2022. Obviamente, el anuncio no se cumplió y no se ha cumplido ni siquiera en 2024, a tiempo de coincidir con las conmemoriaciones del centenario de Chillida.

El proyecto prevé la posibilidad de dividir las obras en dos tramos, el primero de los cuales llevaría el bidegorri hasta Chillida Leku.

Proiektuak bidegorrien lanak bitan zatitzea ahalbidetzen du. Lehenengo zatiak bidegorria Chillida Lekuraino eramango luke.

En todo caso, el bidegorri Errekalde-Galarreta no es sino uno más de los muchos pendientes de la Red Básica Foral. Una Red que debería estar prácticamente terminada y, sin embargo, tal y como hemos denunciado reiteradamente, avanza a velocidad de caracol y hace mucho ya que está fuera de cualquier demora razonable. Un dato y, por si hubiera dudas, oficial: de los 289,96 kilometros de la Red Básica Foral previstos solo están disponibles 137,82, o sea, el 47,53%. Ni siquiera la mitad.

Precisamente hace unos días el diputado de Sostenibilidad ha anunciado una “reprogramación” de los bidegorris pendientes. Al respecto, tanto Eguzki como la asociación Kalapie hemos publicado sendos comunicados que puedes leer aquí: Kalapie estima que la red básica de bidegorris de Gipuzkoa no estará finalizada antes de 2050 | Eguzki Talde Ekologista

EGUZKI, julio de 2024

Kalapie estima que la red básica de bidegorris de Gipuzkoa no estará finalizada antes de 2050

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, presentó el jueves de la semana pasada en el Consejo de la Bicicleta un documento titulado Evaluación del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa y reprogramación de sus actuaciones. Se trata de una puesta al día del Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 2013-2021, que la Diputación ha incumplido hasta tal punto que, de los 289,96 kilometros de la Red Básica Foral previstos, solo están disponibles 137,82, o sea, el 47,53%, ni siquiera la mitad.

La asociación Kalapie, que es miembro del Consejo de la Bicicleta, ha difundido hoy un texto sobre la situación cuyo titular no puede ser más elocuente: de seguir así, “la Red Básica de bidegorris no finalizará hasta 2050”. Os animamos a leerlo: Kalapie estima que la red básica de bidegorris de Gipuzkoa no finalizará antes del 2050 – Kalapie

El mismo viernes en que tuvo lugar la reunión del Consejo de la Bicicleta, el Departamento de Asensio distribuyó una nota basada en el antedicho documento de “evaluación y reprogramación” del plan de bidegorris. De esa nota, Eguzki hizo una lectura que creemos contribuye a comprender cuál es la situación. Es esta: La Diputación anuncia nuevos proyectos de bidegorri que, en realidad, debían estar ya construidos | Eguzki Talde Ekologista

Santander y BBVA entre los 10 principales financiadores europeos de empresas que suministran armas a Israel

valorsocial.info.Instituciones financieras europeas han prestado o invertido más de 60.000 millones de euros en empresas que venden armas a Israel. Esto es lo que se desprende de un nuevo informe internacional publicado por 19 organizaciones de la sociedad civil. Banco Santander y BBVA figuran entre los diez principales proveedores europeos de crédito a estas compañías, superando entre los dos los 3.300 millones de euros.

La investigación examina las relaciones financieras entre seis de las mayores compañías productoras de armas del mundo (Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX y Rolls-Royce), que suministran armas a Israel, y las instituciones financieras europeas. El informe concluye que estas entidades financiadoras han concedido 36.100 millones de euros en préstamos y suscripciones a las empresas señaladas y poseen 26.000 millones de euros en acciones y bonos de las empresas armamentistas que abastecen al ejército israelí.

Tabla del informe «The companies arming Israel and their financiers», de junio 2024

Préstamos de Santander y BBVA.

Con 1.981 millones de euros en préstamos y suscripciones desde 2021, Banco Santander aparece como el séptimo financiador europeo de las empresas armamentísticas que abastecen al ejército israelí. Junto a él, el BBVA también también concedió préstamos a estas compañías por valor de 1.378 millones de euros, desde 2021. El Banco de Santander ya aparecía en el último informe de la coalición Don’t Buy Into Occupation, como entidad financiadora de los asentamientos israelíes.

Las organizaciones autoras del informe invitaron a las instituciones financieras que aparecen reflejadas a responder a las conclusiones. La respuesta de Santander y BBVA aparece publicada en uno de los anexos. El Banco Santander alude a que la entidad “aplica políticas estrictas a la hora de conceder préstamos a empresas o instituciones que operan en sectores sensibles, incluido el de defensa”. Pone como ejemplo su veto a la financiación de “la fabricación, el comercio, la distribución o el mantenimiento de productos o materiales relacionados con armas nucleares, químicas o biológicas, minas antipersona, municiones de racimo o municiones que contengan uranio empobrecido”.

BBVA por su parte alude a su Política General de Sostenibilidad y a sus procesos de debida diligencia, indicando que ambos marcos prevén la “no financiación de operaciones de comercio de armas en países sancionados con embargos de armas impuestos por las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados Unidos, o en países de alto riesgo de violación de los derechos humanos”.

Invertir en una empresa conecta al inversor con todas las actividades de la empresa.

Para los autores de la investigación, según los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, las instituciones financieras tienen una clara responsabilidad de garantizar que no invierten en empresas que contribuyen a violaciones de derechos humanos. “No afirmamos que la totalidad de estos flujos de capital se haya destinado a la producción de armas destinadas a Israel. Sin embargo, como las inversiones en una empresa generalmente la apoyan en su totalidad, invertir en una empresa conecta al inversor con todas las actividades de la empresa y, en consecuencia, con todos los efectos adversos de estas actividades”, indica el estudio. “Independientemente de la inversión o la proporción del capital que fluye directamente a la producción de bienes destinados a Israel, las instituciones financieras tienen la clara responsabilidad de utilizar su influencia para influir en los actores implicados en las violaciones para prevenir, mitigar y abordar esos daños”.

El informe expone que, de 2019 a 2023, seis de los mayores productores de armas del mundo -Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX y Rolls-Royce- han vendido armas o sistemas de armas a Israel. Para la investigación, a través de estas ventas, estas empresas corren un alto riesgo de contribuir a graves violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza. El banco francés BNP Paribas es, con diferencia, el mayor proveedor de financiación, habiendo proporcionado 5.700 millones de euros en préstamos y suscripciones de préstamos desde 2021. Otros grandes inversores identificados por el informe son los bancos Crédit Agricole , Deutsche Bank , Barclays y UBS, así como el fondo de pensiones del gobierno noruego GFPG y la compañía de seguros Allianz.

En su llamado de febrero de 2024 a un embargo de armas, los expertos de la ONU se refirieron a las obligaciones de los Estados en virtud del Tratado sobre el Comercio Internacional de Armas (TCA), que prohíbe a los estados autorizar transferencias de armas si saben que estas armas se utilizarán para cometer genocidio y crímenes contra la humanidad. o crímenes de guerra. Según el informe, los Estados miembros de la UE están además obligados por la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas, que exige a los estados miembros de la UE “rechazar una licencia de exportación si existe un riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se exportará se utilice para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario”. La orden de la Corte Internacional de Justicia del 26 de enero permite establecer la existencia de este “riesgo manifiesto”.

Ekologistak Martxan y Eguzki presentan un recurso ante la decisión de reducir los caudales ecológicos en Busturialdea

La regata Mape, completamente seca, en una imgen de archivo. OLAIA ZABALONDO / BUSTURIALDEKO HITZA. Iturria: BERRIA.

El pasado 24 de mayo, Ekologistak Martxan y Eguzki denunciaban la aprobación por parte del Consejo del Agua del País Vasco de la reducción del caudal mínimo ecológico en los ríos de Busturialdea. El lunes 1 de julio, ambas asociaciones presentaron de manera conjunta un recurso de alzada contra la Resolución de 27 de mayo de 2024, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, que aprueba la modificación provisional de los caudales ecológicos de la Unidad Hidrológica Oka.

Es de especial importancia resaltar que “Toda la red fluvial de la UH Oka se encuentra comprendida dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”, única Reserva de la Biosfera de Euskadi, declarada como tal por la UNESCO en 1984 y cuya protección se rige por la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Asimismo, la normativa que permite la reducción de los caudales mínimos en casos de sequía declarada, no es aplicable a los ríos incluidos en espacios RAMSAR (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos), como es el caso de los ríos de Urdaibai, ya que se considera prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos.

Según indican los ecologistas, tras haber estudiado con detenimiento la Resolución, “es irresponsable señalar que se cumplirán los caudales ‘en la medida de lo posible’, mientras no se contempla otras medidas urgente, como eliminar las pérdidas en las conducciones antiguas o dejar de regar las calles con agua potable. Les sale más barato captar de la red fluvial que invertir en acabar con las fugas”. Consideran, además, que esta decisión se ha tomado sin contar con información científica suficiente y contrastada. “No hay contraste ni seguimiento, tan solo los datos que el Consorcio aporta sobre unos aforos realizados en 2022, en los que se superaban los caudales mínimos ecológicos en los meses de julio, agosto y septiembre en casi todas las captaciones”.

En lo relativo a los porcentajes a los que se reduciría el caudal mínimo ecológico de aplicarse la propuesta del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (y que puede verse en la tabla), para los ecologistas “llama la atención la drástica disminución, en aguas altas, aguas medias y aguas bajas, en todos los puntos de final de masa o tramos en los 3 ríos y muy especialmente en los del río Golako, con reducciones en general superiores al 60% (Golako 2 aguas altas, donde se pasa de 156 l/s a 62 l/s, es decir, una reducción del 60,5%, se propone que se quede al 39,5% del valor original; en Golako 1 aguas altas se pasa de 192 l/s a 76 l/s, una reducción del 60,5%, quedándose en un 39,5% del valor original)”.

Porcentaje de reducción en los caudales ecológicos en los puntos de final de masa o tramo en situación hidrológica ordinaria Porcentaje de reducción en los caudales ecológicos en los puntos de final de masa o tramo en situación de sequía prolongada
TRAMOS Aguas altas Aguas medias Aguas bajas Aguas altas Aguas medias Aguas bajas
Mape 2 23,5 16,4 23,5 23,5 16,4 23,5
Mape 1 23,5 16,4 23,5 23,5 16,4 23,5
Kanpantxu 1 36 33,5 35 36 33,5 35
Kanpantxu 2 36 35 35 36 35 35
Golako 2 60,5 59,5 59,5 60,5 59,5 59,5
Golako 3 60,5 60 61 60,5 60 61
Golako 1 60,5 60 61 60,5 60 61

 

Entre las conclusiones que se exponen en el recurso presentado, se encuentra el carácter de rango inferior de la Resolución, que pretende hacer incumplir la protección determinada por la Ley de Urdaibai, el Decreto del Plan Rector y las normativas internacionales relativas a la Red Natura 2000 y el Convenio RAMSAR. Además, aluden a la “escasa entidad del informe del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, que únicamente se reduce a los aforos de agua, sin tener en cuenta los otros elementos que componen los ecosistemas hidrofluviales, como el estado de los protectores bosques de ribera, la temperatura del agua, la ausencia de contaminantes y de intervenciones humanas o el control de capacitaciones ilegales”. No se puede obviar, además, que esta es una zona tensionada y que los ríos “no dan más de sí, si queremos conservarlos en condiciones óptimas para la vida, ya que son indispensables para la conservación de la Reserva de la Biosfera”.

Ekologistak Martxan y Eguzki creen que no es necesario reducir los caudales ecológicos, ni siquiera de forma provisional, y que es importante que “aprendamos del pasado y que no se repitan casos como el secado del río Mape, en verano de 2020, que dejó el caudal por debajo del caudal ecológico que marca la ley, para abastecer de agua la zona y que fue considerado por la fiscalía como un riesgo para la fauna y flora de la zona”. Por todo esto, indican, “recurrimos esta Resolución ante la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco para que declare nulas de pleno derecho o anule y en todo caso revoque y deje sin efecto las meritadas resoluciones”. Aseguran, además, que no descartan agotar todas las instancias, incluidas las judiciales, “con tal de parar este despropósito”.