Trespuentes acaba de solicitar a la consejera, Pilar Unzalu, la paralización de la mina a cielo abierto tras comprobar que «se ha extralimitado territorialmente al ocupar terrenos ilegalmente.
La cantera de Azkorrigana que explota la empresa Ecalsa en el pueblo de Trespuentes no deja de crear conflictos con los vecinos. La junta administrativa acaba de solicitar a la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Pilar Unzalu, la paralización de la mina a cielo abierto tras comprobar que «se ha extralimitado territorialmente al ocupar terrenos ilegalmente, incumpliendo todas las normativas vigentes, especialmente la declaración de impacto ambiental». El concejo quiere frenar por la vía legal el intento de la empresa Ecalsa de perpetuarse en el espléndido meandro del Zadorra que ocupa a los pies de la sierra Badaya. La firma ha solicitado a la Diputación la ocupación de monte de utilidad pública hasta el año 2039, algo que el pueblo rechaza rotundamente. Trespuentes pleitea actualmente la concesión del derecho de explotación durante 30 años concedido por el Gobierno vasco, ya que el contrato entre ambas partes concluye en 2012. «Hay razones de seguridad, urbanísticas, turísticas, medioambientales y existen anomalías en el proceso administrativo para pedir que se paralice la cantera de una vez», manifestó el presidente de la junta administrativa, Davide di Paola, que busca apoyos políticos y sociales contra la explotación. Por otra parte, Ecalsa deberá abonar 11.370 euros a un vecino de esta localidad por los daños causados en su vivienda como consecuencia de dos voladuras. Así lo ha dictaminado la Audiencia Provincial de Álava que revoca, a su vez, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria que había desestimado la demanda del residente. Un informe de minas Igualmente, los magistrados dejan en evidencia un informe del jefe de servicio de Minas del Gobierno vasco que, además de defender el estricto cumplimiento legal de la normativa por parte de la empresa, destaca que «no hay evidencia técnica que pueda afirmar que los hechos denunciados tienen causa en las actividades de la explotación en modo alguno». Además, señala que la denuncia ha supuesto un esfuerzo oneroso al Gobierno vasco. Los hechos juzgados se remontaban a diciembre de 2005 y agosto de 2007 cuando sendas voladuras de la cantera Azkorrigana causaron daños en media docena de las viviendas del pueblo, aunque sólo uno de los residentes llevó el asunto a los tribunales. La junta administrativa denunció el caso primero ante el Gobierno vasco y después ante la Justicia. «Las casas temblaron, los cuadros y los objetos cayeron al suelo, se abrieron grietas en las paredes y hasta reventaron las tuberías de agua potable. Era una de las tantas voladuras de la cantera», recuerda Davide Di Paola. Según los vecinos, aunque los daños fueron más numerosos la respuesta negativa del Gobierno vasco desanimó a los residentes a pesentar denuncias.
