Cuanta más residuos mezclados, más dinero a la basura.

Se dispone a incumplir los objetivos de recogida selectiva y, a día de hoy, ni siquiera dispone de una hoja de ruta que permita cumplirlos “algún día”; sin embargo, se ampara en la Ley para incrementar la tarifa un 26,54%

El gobierno municipal de Donostia ha anunciado su intención es incrementar la tasa de basuras en un 26,54%. O sea, un tarifazo. Argumenta el alcalde que el Ayuntamiento está obligado por la Ley de Residuos, que a su vez se deriva de la normativa europea, y que establece que el servicio no puede ser deficitario, como hasta ahora, y en adelante ha de ser sufragado al 100% a través de las tasas. Añade que no es cosa solo de Donostia, sino de todos los municipios. Y lo que dice es verdad, pero solo la mitad de la verdad. La otra mitad está en lo que no dice, y ya se sabe que las verdades a medias…

¿Qué es lo que no dice? Lo que no dice es que la misma Ley que obliga a sufragar el servicio al 100% a través de las tasas obliga, asimismo, a recoger separadamente “un mínimo” del 55% de los residuos para 2025 (1). ¿Y qué porcentaje recoge en la actualidad Donostia? Apenas el 41,33%, lo que la convierte en la localidad guipuzcoana que menos recicla con diferencia (2). Porque es verdad que no solo Donostia se va a ver obligada a incrementar la tasa de basuras, pero resulta que el conjunto de los municipios guipuzcoanos ya en 2020, es decir, con cinco años de antelación, alcanzó el objetivo que la Ley establece para 2025. En otras palabras: pues claro que el resto de municipios aplicará algún tipo de tarifazo, la Ley les obliga a ello, pero es que la mayoría de ellos también la cumplen en el porcentaje de residuos separados y, además, con creces. Baste pensar que la media actual en Gipuzkoa es del 57,16%, y ello a pesar de algunas localidades, muy particularmente Donostia, cuyos malos resultados hacen que esa media baje.

¿Y por qué el porcentaje de recogida selectiva de Donostia es tan bajo? La respuesta es obvia: porque el gobierno municipal se ha negado expresamente durante años a tomar ninguna medida eficaz para incrementarlo. Mucha “campaña de concienciación”, mucho apelar a la “responsabilidad ciudadana”, mucho hacer como si hace, pero ninguna medida sustancial. Por lo que sea. Porque hay que dar de comer a la incineradora, porque andar a vueltas con los residuos no es nada glamuroso, por desidia o por todo un poco. Lo dicho: por lo que sea (3).

Este debería ser el contenedor del rechazo, pero, en la práctica, es el contenedor en el que se arrojan todos los residuos mezclados.

Pero, claro, se preguntará algún lector o lectora, ahora la Ley obliga y, del mismo modo que el gobierno municipal se apresura a cumplirla en lo que al incremento de las tasas respecta, algún plan tendrá para alcanzar el 55% de recogida separada, si no puede ser ya en 2025, al menos en 2026 o… en algún plazo mínimamente razonable. La respuesta es no. La prueba es que, todavía hace apenas unas semanas, el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, informaba de que el Ayuntamiento tenía intención de implantar “en algún barrio”, “como prueba piloto”, chips de apertura en los contenedores en los que en la actualidad se arroja todo mezclado, los mal llamados de rechazo. Eso es todo. Ninguna previsión más. Y reconocía que ni siquiera había plazo para empezar a hacerlo (4).

En la Ley de Residuos, en la mismísima primera línea del preámbulo, puede leerse lo siguiente: “El primer objetivo de cualquier política en materia de residuos debe ser reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente”. Más adelante, afina más: “Esta Ley tiene por finalidad la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en última instancia, proteger el medio ambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular y baja en carbono”.

En consecuencia, la política tarifaria, como otros instrumentos contemplados en la Ley, están al servicio de la consecución de ese objetivo, que en el caso de los residuos municipales, como hemos visto, está cuantificado, para 2025, en el antedicho 55% de recogida separada. Pero el gobierno municipal pretende servirse del instrumento olvidándose del objetivo para el que fue creado.

Así las cosas, consideramos que aplicar el tarifazo amparándose en la Ley, cuando el gobierno municipal no solo se dispone a incumplir el objetivo fundamental de la misma para 2025, sino que ni siquiera se ha comprometido con una hoja de ruta para cumplirlo “algún día”, es un fraude, a la propia Ley, a la ciudadanía y, por supuesto, al medio ambiente.

Como hemos dicho en más de una ocasión, cumplir los mínimos de recogida selectiva estipulados por la Ley de Residuos viene a ser algo así como la prueba del algodón de las políticas ambientales. Estas no se limitan a los residuos sólidos urbanos, lógicamente, pero si en algo tan básico no se cumplen esos mínimos, cualquier discurso sobre el compromiso con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y demás es puro postureo.

En esta isleta falta el contenedor de orgánico. No andará lejos, pero no está con los demás. Eso no incentiva la separación.

Hasta aquí, lo que opinamos del tarifazo. Si alguien tenía interés en saberlo, con que haya leído las líneas precedentes, suficiente. Ahora bien…

OTRAS ARISTAS

La política tarifaria relacionada con los residuos sólidos urbanos tiene muchas más aristas de las que el gobierno municipal, con el tarifazo y su “es lo que hay, obliga a ello la Ley”, desea hacer creer. A continuación, apuntamos algunas de ellas…

– La Ley de Residuos obliga, efectivamente, a establecer una tasa que por sí misma permita hacer frente al 100% del coste real del servicio, pero que permita también implantar “sistemas de pago por generación” (5). Es decir, que la tasa varíe en función de los residuos que cada uno produce. El tarifazo para nada está en esa línea. En ese sentido, es continuista con la tasa actual, que es básicamente una tarifa plana –más adelante aclaramos el matiz que hemos querido introducir con ese “básicamente”–, mínimamente corregida por la bonificación a la que pueden acceder los usuarios del contenedor en el que se deposita la fracción orgánica. La tarifa plana no solo es antiecológica, porque desincentiva la recogida selectiva, sino también socialmente injusta, porque implica que quienes responsablemente separan sus residuos están, además, financiando con su esfuerzo y su dinero a quienes no lo hacen. Hay que tener en cuenta que no separar los residuos y depositarlos mezclados en los contenedores implica, además de despilfarrar materiales y contaminar más, encarecer notablemente su tratamiento. Volveremos sobre esto en el siguiente punto. De momento, quedémonos con que el tarifazo nada tiene que ver con el pago por generación del que habla la Ley. Claro que si hasta ahora el gobierno municipal de Donostia no ha sido capaz de establecer un sistema que garantice la mínima recogida separada de residuos, hablar de avanzar en la implantación de sistemas de pago por generación es poco menos que ciencia ficción.

– La Ley de Residuos establece que la tasa debe cubrir íntegramente los costes del servicio. Pero estos, y aquí enlazamos con la idea que hemos dejado pendiente en el punto anterior, no son los mismos para los residuos mezclados que para los separados. A mayor volumen de residuos mezclados, mayor coste del tratamiento. Eso es algo que ya hoy tiene su reflejo en las tarifas que las mancomunidades cobran a los ayuntamientos (6). En el caso concreto de San Marko, donde está integrada Donostia, la mancomunidad cobra este año a los municipios 204,26 euros por tonelada de residuos mezclados y 163,41 por tonelada de fracción orgánica recogida separadamente. Esto quiere decir que, a menor recogida separada, menos ingresos por materiales recuperables, por una parte, y, por otra, mayores costes de tratamiento. Por tanto, mayor déficit por la prestación del servicio, a cubrir con otros recursos municipales, como ha sucedido hasta ahora, o, como establece la Ley a partir de ahora, mayores tasas a pagar por la ciudadanía para hacer frente a los sobrecostes de un sistema que no recoge separadamente lo que debe. Dicho de otro modo: ¿cuánto dinero ha hecho perder el gobierno municipal a l@s donostiarras en los últimos años por no contar con un sistema de recogida selectiva mínimamente eficaz? ¿Cuánto más les va a hacer perder y, además, cobrar a partir de ahora directamente a través de las tasas?

– Según el concejal de Hacienda, Kerman Orbegozo,el tarifazo supondrá que cada hogar pasará de pagar 210 euros anuales a 266 euros. “Este cálculo se realiza para una casa estándar de cuatro miembros”, dice (en realidad, las casas habitadas por cuatro miembros hace tiempo que dejaron de ser algo estándar; actualmente, la media por vivienda en Donostia es de 2,3 personas). Pero, puesto que hoy por hoy, como hemos visto, no existen sistemas de pago por generación y hemos hablado de que se trata “básicamente” –aquí viene la aclaración del matiz– de una tarifa plana, ¿por qué hay que andar haciendo cálculos o aproximaciones para saber más o menos qué puede suponer el tarifazo para las familias? Pues porque la tasa de basuras en la actualidad se calcula en combinación con las de agua y saneamiento. Que puede establecerse una relación directa entre las de agua y saneamiento está claro, ¿pero qué relación directa tienen estas con las basuras? En realidad, ninguna. La casuística puede ser inacabable, pero creemos que este ejemplo basta para entender lo que queremos decir: es razonable pensar que el consumo de agua en una casa habitada por una familia de cuatro miembros –por seguir con el ejemplo del concejal de Hacienda– sea superior a la media, pero si en esa casa los residuos se separan adecuadamente, la producción de rechazo será mínima; paradójicamente, esa familia responsable con la separación de sus residuos se verá penalizada a la hora de pagar la tasa de basuras por su mayor consumo de agua. ¿Es esto compatible con el pago por generación?

En fin, que, más allá del tarifazo, la política fiscal relacionada con los residuos sólidos urbanos tiene aristas que, tarde o temprano, deberían ponerse sobre el tapete.

EGUZKI, agosto de 2024

(1) En la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que incorpora las estipulaciones de la Directiva (UE) 2018/851, puede leerse lo siguiente:

Artículo 26. Objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización.

(…)

c) Para 2025, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 55% en peso…

d) Para 2030, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 60% en peso…

e) Para 2035, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 65% en peso…

En realidad, la preparación para la reutilización y el reciclado del que habla la Ley es más exigente que la mera recogida separada (además, la Ley dice también otras cosas, como que el peso de los residuos generados respecto a las cifras de 2010 deberá reducirse el 13% para 2025 y el 15% para 2030). No obstante, la diferencia entre el actual porcentaje de recogida selectiva de Donostia y ese objetivo del 55% es tan elocuente y contundente que creemos que en estos momentos no merece la pena entrar en más matices. Por otra parte, obsérvese que ese 55% no es ni mucho menos una meta, sino el primer peldaño de una escalera ascendente.

(2) Esta es la lectura de la situación que hicimos en mayo, cuando se conocieron los últimos datos disponibles, los de 2023: Donostia sigue siendo el farolillo rojo de la recogida selectiva de residuos en Gipuzkoa, cada vez con más diferencia | Eguzki Talde Ekologista

(3) Sobre estas cuestiones profundizamos más con ocasión de las declaraciones que la entonces delegada de Ecología, Marisol Garmendia, hizo en octubre del año pasado en la presentación del informe anual del Observatorio de Sostenibilidad y Clima: Eguzki reclama al Ayuntamiento de Donostia incrementar el reciclaje hasta cumplir al menos con los mínimos legales | Eguzki Talde Ekologista. Garmendia es en la actualidad delegada del Gobierno en la CAV, pero está claro que su ascenso no está relacionado con sus logros al frente del Departamento de Ecología, al menos en materia de residuos. De hecho, como veremos a continuación, dejó sus deberes sin hacer, sin encarrilar siquiera, y le pasó la patata caliente a su sustituto en el cargo, Carlos García.

(4) El chip del contenedor de orgánico se probará en la fracción resto en Donostia | El Diario Vasco

(5) La Ley lo expresa exactamente en estos términos: “[…] las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley [lo hizo en abril de 2022, luego el plazo vence en abril de 2025] una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía”.

(6) BOG – Boletín Oficial de Gipuzkoa – Sede electrónica – Diputación Foral de Gipuzkoa