Los espectáculos taurinos llevan años de capa caída. La razón principal es su incapacidad para adaptarse a los gustos y sensibilidades de las nuevas generaciones. Sigue habiendo “gente pa tó”, como diría El Gallo, pero no pueden aspirar ya a la afición masiva de antaño. Las corridas cuentan con un hándicap añadido: no es solo que cada vez tengan menos seguidores, sino que los detractores se multiplican. No en vano el espectáculo consiste en torturar hasta la muerte a seis toros, seis, de forma tan “artística” como se quiera, pero extremadamente cruel a ojos de cualquiera que no mire con gafas como las de Matías Prats padre, aquel que alternaba la retransmisión de corridas con poner voz al No-Do.
Así las cosas, la “fiesta” se sustenta hoy en la inercia de la tradición y, sobre todo, en las ingentes cantidades de recursos públicos que a ella se destinan: 571 millones de euros anuales, según una estimación “conservadora” que ERC hizo en 2013. Pero las nuevas mayorías surgidas de las últimas elecciones amenazan también este pilar. Muchos ayuntamientos –en parte por principios éticos relacionados con el maltrato animal y en parte también por vergüenza torera, al considerar obsceno destinar recursos públicos a una actividad tan controvertida, sobre todo en momentos en los que existen necesidades más perentorias–, están retirando su apoyo. No tiene por qué ser una estocada mortal de necesidad (la lucha por el abolicionismo será aún larga), pero puede ser profunda.
En este contexto, la única nota discordante es Donostia, donde PNV y PSOE (el mismo PSOE que está posibilitando en otros lugares ese rejón de castigo a la tauromaquia) han reinstaurado las corridas, empeñados en demostrar desde el minuto uno de su legislatura que, por lo visto, su cambio consiste en volver exactamente a lo de siempre. Aunque ello haya supuesto restar enorme credibilidad, si no a la capitalidad cultural, sí a la culturalidad de la capital. Y los taurinos se aferran a esta excepción como el picador a la garrocha, y, con espíritu de cruzada y afán de reconquista, están echando el resto, con un cartel estelar que les permita llenar una plaza que en las últimas ediciones no llegaba a cubrir medio aforo, haciendo que TVE vuelva a retransmitir corridas y, la guinda, invitando a apadrinar el evento a Juan Carlos de Borbón. Que ya se sabe que la afición taurina, teóricamente, no es ni de izquierdas ni de derechas, ni vasca ni española, pero las querencias de quienes manejan los hilos de este asunto son evidentes.
Desde luego, quien haya decidido que el rey senior apadrine las matanzas en Illunbe es un genio del marketing, porque difícilmente podría haber hallado un gesto que transmitiese mejor el afán de reconquista (de lo taurino y de lo no taurino) que subyace en la operación. Eso sí, debe de tener la misma sensibilidad que un tarugo, porque elegir al Borbón es casi caricaturesco, y ya corren por ahí toda clase de chanzas sobre la posibilidad de que su majestad llegue dispuesto a disparar a algún toro previamente amarrado a un burladero, como previamente emborracharon a aquel pobre oso. O sobre el elefante o sobre el cachalote que colgó en el Muelle de Donostia… Perdón, ha sido un lapsus histórico: el del cachalote no fue él, sino su antecesor en el cargo, el que le nombró heredero.
Mientras, el alcalde Eneko Goia, quizá abochornado por las consecuencias de algo sobre lo que él tiene responsabilidad directa, trata de mantener un perfil bajo. Dice que las corridas son una iniciativa privada, que son legales, que el Ayuntamiento no es competente para prohibirlas y que se van a celebrar en un lugar que, al fin y al cabo, fue expresamente construido para ello. ¿Miente? No, pero falsea radicalmente los hechos.
Es verdad que las corridas son legales, pero porque así lo quiso el partido de Goia, el PNV, que votó en el Parlamento de Gasteiz que no se considerasen maltrato animal. ¿Podían haber hecho otra cosa? Sí, podían haber tomado el camino de Cataluña.
Es verdad también que el Ayuntamiento no es quién para prohibir las corridas, pero tan cierto como eso es que no está obligado a ceder instalaciones para que se celebren. De hecho, el gobierno de Bildu no las prohibió, no era quién, sino que se limitó a no ceder instalaciones. ¿Que la plaza se construyó expresamente para matar toros? Cierto, pero no olvidemos la historia, que el Ayuntamiento no es el propietario por casualidad. La plaza fue fruto de una iniciativa privada que no iba a costar un duro a los donostiarras, según el sonsonete que repetían sus promotores. Aquello se reveló enseguida como un chanchullo, con una adjudicación ilegal que, a la postre, supuso un bajonazo a las arcas municipales. Todavía en 2009, Chopera tuvo ocasión de quedarse con Illunbe en propiedad, lo que, por cierto, hubiese hecho inútil cualquier intento del Ayuntamiento para impedir las corridas. Pero la empresa prefirió el dinero, y aquella plaza que no iba a costar un duro a los donostiarras pasó a ser propiedad municipal a cambio de 29 millones de euros. Ahora, el Ayuntamiento vuelve a cedérsela a Chopera, y lo hace a un precio aproximadamente un 40% inferior al que cobra por alquilarla para otro tipo de eventos. ¿Por qué? Porque el PNV presentó una iniciativa en ese sentido, firmada por Eneko Goia, que contó con el apoyo del PSOE y el PP. Debido a ello, las arcas municipales percibirán por las corridas de la Aste Nagusia unos 14.000 euros menos, cantidad que puede considerarse una subvención indirecta.
Hay otras cuestiones que ponen de manifiesto la implicación municipal en las corridas, entre las que nos parece especialmente denunciable que hayan sido incluidas en el programa oficial de la Aste Nagusia, saltándose (a la torera) el acuerdo en sentido contrario que el Consejo Asesor de Medio Ambiente adoptó en 2005.
Es decir, el Ayuntamiento no es un agente neutral en este asunto, como pretende hacer creer Goia, sino un colaborador imprescindible. Por tanto, Eneko, no seas “tímido” y reivindica la hazaña.
Iturria: Argia.
